El fiscal del caso Romanones pide prorrogar la orden de alejamiento del padre Román sobre la víctima

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Granada que prorrogue la medida cautelar que pesa sobre el padre Román M.V.C., procesado por supuestos abusos sexuales a un menor en el llamado 'caso Romanones', de modo que siga vigente la orden que le impide acercarse a la supuesta víctima, en el marco de una causa que será enjuiciada a partir del 6 de marzo.

En un escrito fechado a finales de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal del caso, Francisco Hernández Guerrero, aboga por la prolongación de esta orden de alejamiento "visto el estado de tramitación de la causa y las fechas de señalamiento", entendiendo que "persisten los motivos que justificaron su adopción en su momento".

Fuentes del caso han señalado que la Sección Segunda de la Audiencia de Granada aún no se ha pronunciado al respecto de esta petición del Ministerio Fiscal, que adelanta este miércoles el diario 'Ideal'.

La Audiencia de Granada ha fijado para el 6 de marzo el inicio de la vista oral de este caso, en el que el único procesado es el padre Román por supuestos abusos sexuales a un menor desde 2004 hasta 2007, acusación por la que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de prisión.

Está previsto que el joven que denunció los supuestos abusos declare el día 8 y el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo haga como testigo el día 10.

Junto a ellos declararán en calidad de testigos varios sacerdotes y seglares que inicialmente estuvieron investigados en la causa, que llegó a tener doce imputados.

La defensa pidió a finales de julio la libre absolución para el padre Román, que en la declaración indagatoria que tuvo lugar en diciembre de 2015 negó haber abusado sexualmente del denunciante cuando éste era menor de edad y afirmó que nunca se "exhibió desnudo" ante él, por el que sentía "el amor fraterno" de un sacerdote que "acoge" a las personas que acuden a su parroquia.

La acusación particular, que representa al denunciante de los supuestos abusos, ha solicitado por su parte una condena de 26 años de cárcel y la acusación popular, que ejerce Prodeni, ha pedido 15 años.

El Arzobispado de Granada trasladó a principios de octubre un breve escrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el que expuso su disconformidad con la responsabilidad civil subsidiaria que se le presupone en el caso.

Igualmente, discrepó de las calificaciones hechas por la Fiscalía y el resto de las acusaciones y manifestó su deseo de que se esclarezca "la verdad".

El Arzobispado de Granada se personó en diciembre del año pasado en el caso como posible responsable civil subsidiario después de que le instara a hacerlo el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investigó los hechos, además de prestar una fianza de 50.000 euros.

CRONOLOGÍA

El caso se hizo público el noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.

La Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a once de ellas, confirmando que la causa sólo debía continuar contra el padre Román M.V.C., considerado el líder del grupo.

Todo se precipitó después de que el joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer denuncia contra todos los afectados.