El Distrito Sanitario de Granada condena la agresión sufrida por una facultativa de Urgencias en Zaidín-Centro

La profesional afectada ha presentado la correspondiente denuncia

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La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad | Foto: Archivo GD
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El Distrito Sanitario Granada Metropolitano ha mostrado su «más rotunda condena» a la agresión física sufrida este sábado por una facultativa en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Zaidín-Centro durante el desempeño de sus funciones, y lamenta «profundamente» el daño sufrido por la profesional.

Según ha informado el departamento de Salud de Granada en un comunicado, los hechos ocurrieron en torno al mediodía después de que un usuario mostrara su desacuerdo con la prescripción realizada por la doctora. Tras conocer la agresión, la dirección del centro activó el Plan de Prevención y Atención de las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que pone a disposición de sus profesionales asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico en caso de que lo demanden.

Responsables del Distrito Sanitario Granada Metropolitano así como el delegado territorial de Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, se han puesto en contacto con la trabajadora agredida para interesarse por su estado y ofrecerle su apoyo personal además del institucional.

El vigente Plan de Prevención y Atención de las Agresiones del SAS, que ya contempla el apoyo psicológico y asesoramiento jurídico preciso al profesional, está siendo revisado en la actualidad con el objetivo de mejorarlo primando entre otros aspectos la prevención de las agresiones y la rapidez en la alerta del hecho. Para ello, trabajan en común representantes de distintos colectivos junto a la Consejería de Salud y Familia.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, y así, ya se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.

El Distrito Sanitario Granada Metropolitano se manifiesta «de forma contundente contra este tipo de actuaciones para las que no hay justificación posible y contra las que todos debemos hacer frente común».

«En ningún caso puede justificarse la agresión ni la intimidación a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su función asistencial», sentencia el comunicado.



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