Detectan en Granada un fraude al Servicio de Empleo Público de alrededor de 100.000 euros

Los agentes recibieron información referente a la costumbre de muchos residentes extranjeros de salir del país mientras disfrutan del cobro de la misma

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Imagen ilustrativa dela Policía Nacional
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Agentes de la Policía Nacional junto con el Servicio de Empleo Público Estatal en Granada (SEPE), en base a un convenio de colaboración existente, han desarrollado un dispositivo de control de presencia de personas que reciben prestaciones de cobro, al objeto de detectar la obtención fraudulenta o el cobro indebido de las prestaciones de desempleo y renta básica de inserción.

El resultado de la operación se ha saldado con la pérdida del derecho a la prestación para más de 100 personas, lo que supondría un fraude al SEPE de alrededor de unos 100.000 euros.

Las defraudaciones afectaban a las prestaciones por desempleo y renta básica de inserción

Dicha actuación ha tenido su origen al recibir información sobre la costumbre de muchos residentes extranjeros en España beneficiarios de prestación por desempleo de salir del país mientras disfrutan del cobro de la misma.

A pesar de que esta conducta no constituye un ilícito penal, si incumple la normativa administrativa que regula tanto el control de las prestaciones de desempleo como la Renta Básica de Inserción, que establece la total prohibición de salir de territorio nacional mientras se está disfrutando de este tipo de ayudas, ya que como establece la normativa reguladora. Estos perceptores deben de estar en territorio nacional a disposición de los servicios del SEPE totalmente disponibles para el empleo.

Unas 100 personas habrían defraudado al SEPE

El operativo se ha desarrollado en base a un listado de más de 200 personas de diferentes nacionalidades, las cuales han sido debidamente citadas para un control presencial en el mes de julio, por parte del SEPE y para que los agentes de la Policía Nacional pudieran comprobar la documentación relativa a las entradas y salidas del país.

La incomparecencia de cerca de un centenar de los citados tuvo como consecuencia que estos vieran rechazado su reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo, u otro tipo de ayuda, de la que estaban disfrutando hasta ese momento. Concretamente se ha dispuesto la suspensión del cobro mensual de la ayuda correspondiente en cada caso o bien de la extinción de la misma desde la fecha de percepción.



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