El Defensor de la Ciudadanía de Granada analiza junto a los sindicatos la situación de los servicios sociales municipales

Ambas partes destacan la grave situación a la que se enfrenta la sociedad granadina como consecuencia directa de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia por el Covid-19

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Reunión del Defensor de la Ciudadanía de Granada con los sindicatos del Ayuntamiento. | Foto: Gabinete
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El Defensor de la Ciudadanía de la Ciudad de Granada se ha reunido con los sindicatos del Ayuntamiento (con representación en Junta de Personal y Comité de Empresas) en un encuentro para analizar la situación de los servicios sociales municipales.

La presión asistencial sobre los Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Granada se ha visto incrementada en aproximadamente un 30% respecto a los datos previos al confinamiento de marzo de 2020. Se trata de nuevas familias usuarias que nunca habían acudido a estos servicios.

Según estimaciones de datos, el Banco de Alimentos viene atendiendo a unas 50.000 personas. Otras miles reciben apoyo de Cáritas Parroquiales, otras entidades y, por supuesto, de sus familias. El propio Ayuntamiento de Granada ha atendido a través de su programa de alimentos de emergencia a más de 1000 familias de la cuidad y con las Tarjetas monedero a unas 1800 familias.

En materia de vivienda, en breves fechas finaliza la moratoria frente a desahucios por lo que, desde la Juna de Personal del Ayuntamiento estiman que próximamente, además de los casos que ya se están atendiendo, “habrá una avalancha de demandas en Servicios Sociales relacionados con necesidades de vivienda”. Afirman que “la crisis social y económica derivada del Covid-19 solo está empezando a despuntar. Era algo con lo que no contaban los gestores, pero está aquí y ha llegado para quedarse durante una larga temporada”, añaden.

Desde los sindicatos del Ayuntamiento denuncian que “las administraciones no resuelven, los recursos son pocos y escasos en su contenido”. Aportan datos como que 3 de cada 4 solicitudes del IMV han sido denegadas y un 30% están sin resolver. Apuntan que “solo al 6,4% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia del ingreso mínimo vital, alcanzando al 80% de las personas beneficiarias del sistema de rentas mínimas”.

Por otro lado, denuncian que la Junta de Andalucía no resuelve las demandas de Dependencia, “cuya lista es interminable”. Además, insisten desde los sindicatos en que la renta Mínima de Inserción Social de Andalucía también está prácticamente bloqueada y, añaden, “como ejemplo de la falta de implicación real, los trabajadores y trabajadoras municipales adscritos a este Programa se encuentran en un limbo administrativo a la espera de que la Administración autonómica defina cuales van a ser sus condiciones de continuidad laboral”.

Ante la falta de respuesta de la Administración del Estado y de la Administración Autonómica que denuncian, aseguran que la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social “acude a su entorno más inmediato, el ayuntamiento, donde las respuestas que encuentra a nivel de recursos son escasas y lentas”. Además, ponen de relieve que “incluso las Ayudas Económicas Urgentes municipales tienen una media de más de 7 meses de ejecución una finalizada su tramitación en el Área de Derechos Sociales” y, aseguran, que el “Ayuntamiento no aborda con eficiencia la resolución de una brecha digital que limita la capacidad de las personas usuarias. Los y las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios en esta situación han sido convertidos en la cara de una administración que no responde”.

Desde los sindicatos reiteran que “los Servicios Sociales ya estaban tocados y van camino de estar hundidos. Como Sistema Público de Protección Social siempre ha ocupado un segundo plano en el interés político y han estado infradotados de personal y medios”.

Por otra parte, continúan denunciando que las correlativas normativas aprobadas vía Decreto y modificación de Decreto “abocan a los y las profesionales del Trabajo Social a convertirse en ‘policías de lo social’ y expendedores de ‘certificados de pobreza’ alejándolos cada vez más del objeto del Trabajo Social y dejando recaer sobre el Sistema de Servicios Sociales competencias que le son totalmente impropias, sin medios humanos y económicos asignados y cuestionables incluso a nivel legal”. En esta misma línea, añaden que “convierten a los Servicios Sociales en agencias de tramitación de recursos ajenos, que no están funcionando y los privan de poder intervenir a niveles adecuados”.

Los sindicatos del Ayuntamiento destacan que su primera reivindicación parte de que “la necesidad de recursos humanos en los Servicios Sociales es apremiante”. En segundo lugar, exigen recursos para “poder trabajar”, ya que  sin los profesionales necesarios no se pueden implementar las prestaciones, ni atender a las familias en tiempos razonables (las listas de espera superan el mes y medio), ni llevar los casos de menores, ni atender a personas mayores y dependientes, ni informar, ni redactar informes sociales, ni “certificar”, ni acreditar… y aunque tanto la administración autonómica como la estatal están incumpliendo con las expectativas que han generado en la población y no están dotando con medios sus exigencias, los servicios sociales no pueden ser un punto de bloqueo y en ese punto, la responsabilidad es municipal.

Los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales, declarados esenciales durante la pandemia, solo a nivel formal, son “la cara de la administración ante la ciudadanía, una administración que no está respondiendo ante las necesidades de la población a ningún nivel”, afirman. Además aseguran que “el reflejo de esta situación en la plantilla es una sobrecarga de trabajo, de exceso horario, de impotencia y frustración ante la imposibilidad de responder adecuadamente. Unos riesgos psicosociales que ya están pasando factura a través de estrés, problemas de sueño, ansiedad, frustración, etc. ”

Desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, como portavoces de la Asamblea de Trabajadores de Derechos Sociales, exigen al Alcalde, al Concejal de Derechos Sociales y al Concejal de Personal, un Plan de Contratación Urgente que “refuerce la plantilla, permita eliminar las listas de espera y atender con calidad a la ciudadanía de Granada en situación de vulnerabilidad social”.

Finalizan catalogando la situación como “insostenible” y aseguran que “la Asamblea mantendrá sus movilizaciones reivindicativas”. Además, aseguran que se realizarán concentraciones parciales durante el mes de abril y, coincidiendo con el Pleno una Asamblea Concentración en la que “esperan no tener que exigir la dimisión del Concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, del Concejal de Personal, Francisco Fuentes y como responsable último, del Alcalde Luis Salvador”.







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