De la colza al coronavirus, 39 años después

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Congreso de los Diputados | Foto: Archivo GD
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“Es un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa se mata”, es una frase que dibuja el desconcierto de primera hora con que las autoridades del momento tropezaron con el que -hasta estos días de ahora- había representado el mayor problema sanitario en la historia reciente de España. Hasta que llegó el coronavirus. Se trata del aceite de colza y los enfermos y las muertes que originó. Entonces, mayo y meses inmediatos de 1981, se conjugaron actuaciones y actitudes que recuerdan bastante a las de ahora para un caso que, 39 años después, con un juicio y unas condenas a empresarios desaprensivos, no ha cerrado la cifra cierta y final de víctimas.
La frase entrecomillada la pronunció ´Jesús Sancho Rof, entonces ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, del Gobierno de UCD que presidía Leopoldo Calvo-Sotelo, en una entrevista en televisión a mediados de mayo, en pleno fragor de una crisis sanitaria que se extendía por una veintena de provincias -a Granada no llegó- y los enfermos intoxicados superaban los tres mil en un par de semanas desde que se detectó el brote que fue calificado de “epidemia” y “emergencia pública”. Sin llegar a la virulencia de estos días ni recurrir al estado de alarma que el coronavirus ha forzado en este 2020, el del aceite de colza es el referente más parecido a esta situación de ahora.
En esencia, la epidemia surgió del desvío de aceite de colza destinado a uso industrial que fue utilizado para el consumo humano mediante envasado principalmente para venta ambulante pero también en comercios de las provincias afectadas. Aquella ingesta provocaba la llamada neumanía atípica, una enfermedad pulmonar que causó la muerte o dejó secuelas neurológicas de por vida a muchos de los más de 25.000 afectados que en total necesitaron de asistencia hospitalaria. Hasta que se estableció la relación causa-efecto entre el consumo del aceite de colza y los intoxicados, un par de semanas después de los primeros casos, se difundieron una serie de conjeturas en tiempos en que no existía esa actual autopista de bulos que constituyen las redes sociales y los desaprensivos usuarios que lanzan su envenenada mercancía falsaria más los tontainas que se dejan intoxicar por lo que se ha dado en llamar ‘fake’.
También entonces, como ahora, la oposición, en aquel momento encabezada por el PSOE, se lanzó oportunista y directamente a las espinillas del Gobierno, alentando la protesta, mientras el Ministerio trataba de sacudirse parcialmente la responsabilidad al apuntar a los ayuntamientos -por lo general, gobernados por la izquierda- como los responsables del control de la venta ambulante, una vía por la que se decía que se había difundido el aceite desnaturalizado, y cuya inspección no habrían ejercido con el rigor necesario los municipios. No había apenas autonomías con la exagerada presencia de la que disponen hoy y tan solo País Vasco o Cataluña podían considerarse como tales, con muy pocas competencias transferidas; las demás, preautonomías más simbólicas que otra cosa.
El Consejo de Ministros había autorizado la importación del aceite para uso industrial y portaba un colorante amargo que se pensaba suficientemente disuasorio para el consumo humano. Pero los empresarios que lo desviaron para su comercialización pensaron que si lo destilaban a altas temperaturas desaparecería el colorante y sus efectos. Alentados “por un desmedido afán de lucro”, según estableció el Tribunal Supremo en 1989, ocho años después de aquella crisis, una sentencia que condenó a trece de los 38 empresarios acusados, con penas de entre seis meses y veinte años de cárcel, de forma que solo dos de los condenados ingresaron en prisión. Penas leves para la gravedad de la enfermedad y el número de los afectados.
Una auténtica conmoción atravesaba a la sociedad española, un temor palpable al consumo de aceite por la sospecha de un falso etiquetado, en medio de una fuerte tensión social y política, mientras los expertos trataban de contener las especulaciones y reclamaban hasta conocer las causas una prudencia que la imprudente oposición socialista no respetaba. La primera muerte se había registrado a finales de abril, pero hasta el 9 de junio no se  difundió la primera nota oficial que vinculaba la epidemia con la enfermedad hasta entonces desconocida. Se conoció tras detectar que varios niños ingresados en Madrid habían consumido la papilla mezclada con una cucharadita de aceite. De ahí se había tirado del hilo y se pudo combatir la enfermedad. Hasta noviembre no informó el Ministerio de que la epidemia había entrado en clara fase regresiva. En paralelo, la investigación judicial echó a andar y ocho años después se dictó la sentencia.
Lo que va de ayer a hoy: entonces, mil muertes se consideraron una cifra insoportable; ahora, vamos por veinticinco mil. El Gobierno de entonces, en una epidemia circunscrita a España, se vio desbordado por la situación; el de ahora, en una pandemia internacional, también. El Gobierno de entonces no tuvo que lidiar con las autonomías; el de ahora, sí. La oposición de entonces reaccionó con oportunismo; la de ahora, también… Es decir, la política se apodera del escenario tan pronto como se detecta un daño. Y trata de sacar provecho de entre el dolor de los demás. Treinta y nueve años después los ciudadanos seguimos en medio del pim-pam-pum…






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