Medio centenar de personas asisten en Gran Vía al ‘funeral’ por la provincia de Granada

Denuncian que la Junta ha tramitado casi un centenar de proyectos de plantas de energías renovables "de forma desordenada y sin control"

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Medio centenar de manifestantes han recorrido Gran Vía vestidos de negro y portando un ataúd | Fotos y vídeo: Carlos Gijón
Patricia VázquezPatricia Vázquez
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Los grandes proyectos de energías renovables tienen tantos detractores como defensores. Y es que, como en todo, nadie queda indiferente ante unas instalaciones de miles de metros cuadrados que, por un lado, generan energías limpias que ayudan a conservar el medioambiente, pero que, por otro, pueden acabar con las poblaciones de fauna y flora autóctona de las zonas en las que se ubican, además de perjudicar a la salud de los vecinos que vivan alrededor.

Es lo que ocurre con el casi un centenar de proyectos que tienen prevista su construcción durante los próximos años en diferentes puntos de la provincia de Granada y cuyos trámites por parte de la Junta de Andalucía ya están iniciados. Por ello, la plataforma ‘Di no a las torres’ ha vuelto a manifestarse este martes por las calles del centro de la ciudad en contra de estas infraestructuras que, en opinión de su portavoz, Eilko Bruggers, “no son más que proyectos especulativos que benefician solo a grandes empresas y a fondos de inversión”.

“En Granada ya hay suficiente energía renovable para la mitad de la población, por lo que solo sería necesario duplicar la capacidad para cubrir todo el consumo eléctrico de la provincia. Sin embargo, se están planeando plantas con cuatro o cinco veces más energía renovable de lo que necesita Granada actualmente. Eso significa que las grandes empresas construyen aquí porque en más barato y distribuyen a otros puntos del país”, indica Bruggers.

Entre estos proyectos previstos en la provincia, Bruggers destaca molinos aerogeneradores y líneas eléctricas, además de la mayor planta de placas solares prevista en Guadahortuna, el parque solar fotovoltaico Navazuelo, que ocupará el espacio correspondiente a “1.500 campos de fútbol”, lo que, a su juicio, va a ocasionar más despoblación y desempleo en la zona, además del daño que se va a generar en el paisaje y la biodiversidad. “Esta planta se va a ubicar en unos terrenos agrícolas, por lo que va a destruir el modo de vida de los vecinos de esta comarca que van a tener que marcharse a vivir a otros lugares”, lamenta.

Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia y que se encuentra en este enlace del canal de Youtube de GranadaDigital, los manifestantes han recorrido la Gran Vía de Granada vestidos de negro y portando un ataúd. Simbolizaban así el luto que viven por la “muerte de la propia provincia de Granada”, que “será enterrada entre cables, postes eléctricos, líneas de alta tensión, placas solares y molinos eólicos”, critica Rafael Martín, uno de los vecinos de Caparacena afectado por la línea 400 Caparacena-Baza. “Es una barbaridad la expansión desordenada y sin control que la Junta y el Gobierno están dejando hacer en Granada”.

Durante la marcha a ritmo de música lúgubre, el medio centenar de manifestantes han ‘rezado’ una oración especial en la que han enumerado todos esos proyectos de los que “necesitamos que el Señor nos libre”. “De la línea 400 Caparacena-Baza, líbranos señor. A Red Eléctrica y los fondos de inversión, castígalos señor. De los campos solares y molinos eólicos, líbranos señor. De las torres y líneas que arrasan nuestro territorio, líbranos señor…”, clamaban los afectados que se han desplazado hasta la capital desde la Alpujarra, el Valle de Lecrín o Colomera, “donde hay proyectada una planta solar con una dimensión que duplica la capacidad del Pantano de Cubillas”, explica Rafael.

“No son proyectos ecológicos, son exclusivamente especulativos”, apostilla José Terrón, miembro de Ecologistas en Acción, quien especifica que no es una manifestación en contra de las energías renovables. “Solo pedimos que haya un estudio medioambiental previo que permita que no se destruya la fauna y la flora autóctona”, indica.

Y es que a juicio de este ecologista, es “cuanto menos contradictorio” que las Administraciones públicas se esfuercen por incrementar la fauna autóctona y “después se den autorizaciones para construir parques eólicos o solares sin tener en cuenta que van a destruir el hábitat natural de estas aves”. “Es muy triste que todas las poblaciones de aves esteparias que hay en la provincia desaparezcan porque es donde están planteada la construcción de estas plantas, al ser los terrenos más baratos”, sentencia Terrón.

Destrucción agrícola provocada por la megaplanta Ququima

La planta solar fotovoltaica Ququima que se proyecta entre los términos de Baza y Caniles, supone la destrucción de más de 700 hectáreas de terrenos agrícolas, dedicados en la actualidad a cultivos herbáceos y arboleda (pistachos, almendros y olivar) en secano y regadío, siendo principalmente producciones en ecológico, según ha explicado la asociación Agapro, que la considera “otra gran amenaza” para el Geoparque de Granada “con las premisas de no dejar ningún beneficio para los afectados, no crear ningún desarrollo en la zona, ni mucho menos ofrecer compensaciones que mitiguen el fuerte impacto ambiental y socioeconómico del proyecto”.

Una pérdida de terrenos agrícolas que va a suponer “despojar a más de 100 familias de su medio de vida y la pérdida de al menos otros 46 puestos de trabajo agrícola o UTAs”. “Los agricultores también se enfrentan a las pérdidas de las ayudas de las PAC y las subvenciones del ecológico ya que deben mantener las producciones al menos durante 5 años. En cuanto a la ganadería extensiva, se perderán los aprovechamientos actuales de rastrojos, pastos de invierno, y restos de podas. Además, la actividad cinegética también se verá gravemente afectada”, informan en un comunicado.

Por otro lado, el proyecto Ququima ha provocado una gran incertidumbre inversora orientada a la mejora de la explotación agrícola por parte de los agricultores y se han parado las inversiones previstas para la industria alimentaria, como las procesadoras de pistachos que iban a implantarse en el entorno del proyecto.

Juan Gallardo, uno de los agricultores más afectados, que lleva viviendo de sus tierras heredadas generación tras generación durante más de 30 años, ha indicado que hay que respetar a los propietarios, agricultores que no han querido alquilar sus terrenos para la ejecución del proyecto y no se les puede aplicar la expropiación forzosa y se pregunta si la utilidad pública y el interés social y general de la producción de alimentos de los terrenos agrícolas no está por encima de la utilidad pública de las instalaciones energéticas de generación, sobre todo cuando el promotor puede utilizar otras parcelas aledañas. “Y es que durante la pandemia COVID-19 se ha demostrado que la agricultura y la producción de alimentos son una actividad esencial por su utilidad pública e interés social”, ha sentenciado Gallardo.

Desde que se aprobó la línea 400 KV entre Caparacena y Baza, la Asociación AGAPRO lleva reclamando un Plan de Ordenación del Territorio para la implantación de energías renovables con el objetivo de que sean compatibles con la actividad agrícola, sin embargo,  ninguna administración ha tomado cartas en el asunto y ahora, en palabras del Presidente de la Asociación agraria, José Antonio Azor: “se cierne el desastre debido a la sinergia negativa de la gran cantidad de proyectos de generación eléctrica renovable que se pretenden realizar en la zona”, ha indicado.

Los agricultores que están en contra del proyecto ven como peligra su forma de vida y han denunciado el poco apoyo que reciben de las administraciones y sobre todo de los ayuntamientos implicados. A este respecto han alertado que los ayuntamientos piensan que van ha recibir montones de ingresos por las licencias a estos macroproyectos de renovables, pero se equivocan. La declaración de Utilidad Pública implica la exención de licencias municipales, exime de la prestación compensatoria por el uso del suelo no urbanizable y obtiene descuentos de hasta el 95 % en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por otro lado, no hay impuesto sobre actividades económicas, ya que la sede matriz de la empresa promotora se encuentra en Madrid.

Puedes ver todas las imágenes de esta manifestación, deslizando esta galería.







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