Convocan movilizaciones para remunicipalizar la ayuda a domicilio en Granada

El comité de empresa de Arquisocial considera que el dinero público "debe servir de forma íntegra para que se preste un servicio de calidad a los 3.286 usuarios"

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Imagen ilustrativa | Foto: Archivo GD
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El comité de empresa de Arquisocial, formado por UGT, CCOO, CGT y SAT, ha convocado movilizaciones para los días 11 y 25 de abril y 9, 16, 23 y 30 de mayo, a las 12:30 horas en la entrada del Ayuntamiento de Granada, para exigir la remunicipalización de la ayuda a domicilio en la ciudad, ya que considera «que el dinero público debe servir de forma íntegra para que se preste un servicio público de calidad, como no puede ser de otra manera, a los 3.286 usuarios y usuarias que necesitan de la ayuda a domicilio en la capital».

Desde el comité de empresa se valora el anuncio del Ayuntamiento de que se va a estudiar la viabilidad técnica y presupuestaria de esta medida, pero se considera «que se podría haber hecho antes y no ahora que estamos en precampaña electoral de las municipales». «Esta reivindicación se le va a plantear a cualquier Gobierno municipal, sea del color político que sea. Y es que desde la representación legal de los trabajadores, se traslada el malestar de la plantilla, derivados de la gestión del servicio», indica en un comunicado.

A juicio de los representantes sindicales, el encaje legal de esta remunicipalización es posible en Granada «porque se ganaría en eficiencia en la gestión y se optimizarían los recursos económicos, como ya ha se ha hecho en numerosos municipios del provincia de Granada». Recuerdan, además, que se trata de «un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía». Así, para el comité de empresa, lo que hay que promover es «la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan».

Así, concluyen, «no es posible que una empresa privada obtenga sus legítimos beneficios empresariales a costa de ‘jugar’ con los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, y para los trabajadores/as, cuya situación laboral es muy precaria».



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