Convocada una huelga educativa en Granada contra la reorganización de los centros rurales

La manifestación se mantiene pese a las declaraciones del delegado de Educación de la Junta en Granada, que desmintió que 51 colegios de la provincia vayan a perder la ESO

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La presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes, junto a otras integrantes de los colectivos convocantes | Foto: Gabinete
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Los sindicatos Ustea y CGT y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Alhambra de Granada han convocado una huelga educativa este jueves 16 de enero contra la reorganización de los centros rurales. La manifestación será a partir de las 11:00 horas, desde la Plaza del Humilladero hasta la sede de la Delegación de Educación de la Junta en la capital granadina. Así lo indicaron este miércoles tras una rueda de prensa, en la que aseguraron que la huelga y la manifestación se mantienen en los mismos términos con las que fueron convocadas, pese a las declaraciones del delegado de Educación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo, que desmintió este pasado martes que 51 colegios de la provincia vayan a perder la ESO, por lo que 700 alumnos tendrían que acudir a otros municipios a cursarla.

La huelga, que cuenta con el apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores, está convocada para el personal docente y laboral en centros de Educación Infantil y Primaria, colegios públicos rurales, y los denominados “semidés” en los que se imparten diferentes niveles educativos.

Ustea ha concretado que representantes del sindicato se reunieron este pasado martes con la Consejería de Educación y Deporte, que “estableció los servicios mínimos en un cargo directivo por centro”.

En cuanto a las declaraciones del delegado, “no cambian para nada la convocatoria, al contrario, le dan más valor porque se demuestra que la movilización popular es necesaria y efectiva, y que es preciso realizarla antes y no cuando los hechos se consuman”.

Por otra parte, ha recordado que “las actuaciones paralelas” de la Delegación no han tenido el carácter de “una mera indagación sociológica”, sino que han conllevado “votar a muchos consejos escolares y claustros sin información ni debate suficientes”. Por tanto, “hay un proceso real de reorganización de centros en marcha, cuyas consecuencias desconocemos”.

Ha exigido, en este sentido, “un proceso real de diálogo con toda la comunidad educativa, para analizar los problemas reales de la educación pública y consensuar las soluciones”.



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