Cómo acabar con la participación ciudadana

En enero de 2019 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. Impulsada y puesta en marcha por el Partido Socialista durante su gobierno en la Junta. Esta Ley pretende potenciar la participación directa de la ciudadanía y ser un complemento a las instituciones representativas.

La cada vez mayor desafección de una parte de la sociedad hacia sus instituciones -no hay que olvidar nunca que las instituciones y sus representantes sirven a la ciudadanía- hace necesario contar con herramientas de participación directa, y es imprescindible desarrollar estas herramientas en la institución más cercana, en nuestros ayuntamientos.

No se trata de entrar de lleno en el debate entre democracia directa y democracia representativa. Debate complejo y que suele despacharse con algún tópico. En lo que sí podemos coincidir mayoritariamente es en que son complementarias y de lo que se trata es de saber dónde empieza una y termina la otra; resumiendo: delimitar el marco de cada una de ellas con el fin último de atender de la mejor forma posible las necesidades de la sociedad.

Uno de los objetivos de esta Ley, pionera en España, es dotar a ayuntamientos y diputaciones -insisto, las administraciones más cercanas a la ciudadanía- de un marco normativo que permita desarrollar distintas fórmulas participativas en municipios y provincias. Este proceso ya ha comenzado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Granada. El Gobierno en minoría de PP y Cs pretende refundir los reglamentos de Participación Ciudadana, Juntas Municipales de Distrito y Centros Cívicos y adecuar todo esta normativa local al nuevo marco legal autonómico. El grupo municipal socialista, el mayoritario en el Ayuntamiento, tiene la voluntad de facilitar la aprobación de un reglamento que permita desarrollar, de la formas más efectiva posible, la normativa andaluza. Eso sí, y como ya advertimos en su momento, para poner en marcha nuevas herramientas de participación ciudadana debemos respetar los órganos y herramientas de los que actualmente disponemos, el principal las juntas municipales de distrito.

Ya en septiembre del pasado año denunciamos públicamente el retraso injustificable en la constitución de las juntas municipales de distrito. Un retraso con múltiples consecuencias, entre ellas la falta de respuesta a las peticiones de vecinos y vecinas de todos los barrios.  absoluto desprecio a las demandas vecinales y al propio órgano, a la propia herramienta de participación. Hasta finales de septiembre no se constituyeron y no empezaron a funcionar con normalidad hasta el mes de octubre, un retraso al que ahora debemos sumar una falta de respuesta y de coordinación por parte del equipo de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Es esta nula coordinación entre los dos equipos de gobierno -hay dos gobiernos en paralelo que sólo convergen en intereses particulares- la que está detrás de la falta de respuesta a las demandas vecinales.

Es obligación de instituciones y representantes públicos profundizar en las diversas formas de participación ciudadana, haciendo a la ciudadanía corresponsable y copartícipe de determinadas decisiones. También lo es dar voz, respetar y escuchar esa voz y responder ponderando la urgencia de esa voz y los recursos públicos de los que se dispone. Mal camino el de Cs y PP, si su propósito es profundizar en la participación, el de no respetar las herramientas participativas que ya existen.