La Audiencia resolverá este lunes si el acusado de matar a un agente en 2018 debe seguir en prisión

La Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y depósito de armas de guerra

misa funeral guardia civil
Imagen de archivo de la misa funeral por el guardia civil fallecido tras ser disparado en Huétor Vega en acto de servicio | Foto: EP
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La Audiencia de Granada abordará este lunes la situación de prisión o libertad provisional del hombre acusado de matar en 2018 de un tiro en acto de servicio al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez, puesto que ya lleva casi dos años en la cárcel por estos hechos sin que el juicio se haya celebrado.

La vista, que se desarolla por la fórmula del jurado popular, se suspendió el pasado 1 de junio después de que las partes alegaran que la sala no reunía las medidas de seguridad necesarias frente al coronavirus. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial lo ha señalado del 23 al 27 de noviembre.

No obstante, dado que está cercana la fecha en la que se cumplirán dos años de prisión provisional del acusado, ahora deberá celebrarse una audiencia con la presencia de la Fiscalía y el resto de las partes personadas para resolver sobre su continuidad en prisión provisional o por el contrario concederle la libertad provisional hasta el juicio.

La Sección Segunda ha fijado esta audiencia para el próximo 21 de septiembre a las 9,30 horas, según consta en una reciente providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y depósito de armas de guerra.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2018 en Huétor Vega, cuando, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado arrebató tras una persecución el arma reglamentaria al agente José Manuel Arcos Sánchez y a corta distancia, con intención de acabar con su vida, le disparó en la zona situada entre el abdomen y la ingle, lo que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shok hipovolémico, según el relato del fiscal.

La persecución se inició cuando supuestamente el acusado “aceleró” tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara “una maniobra que resultó sospechosa (…) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma” considerada de guerra que arrojó durante la huida.

Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.

La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años. A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil.





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