Arranca el juicio a la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) por el 'caso asesores'

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E.P
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El juicio contra la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, arranca en la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz por cinco presuntos casos de 'enchufismo' en la contratación de asesores.

La acusación particular, ejercida por el también exalcalde de Jerez y ex socio de Gobierno, Pedro Pacheco, solicita 23 años y ocho meses de prisión, al entender que se aprovechó de "su calidad de alcaldesa", para contratar a asesores y personal de confianza "mediante decretos de Alcaldía" y "sin tener en cuenta" los requisitos "obligados" de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsa de trabajo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011.

En el denominado 'caso asesores' (II) --en el primero celebrado el pasado mes de abril Pacheco fue condenado a 4 meses y medio de prisión por dos contrataciones irregulares de asesores--, no han presentado cargos ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento jerezano, que sí se personaron en la causa contra el exalcalde andalucista.

En el juicio celebrado contra Pacheco, la propia Pilar Sánchez, en su calidad de testigo, defendió su gestión ante el tribunal y aseguró que, a diferencia de los dos asesores contratados por el exalcalde para la Administración local, los suyos "sí acudían cada día a su puesto de trabajo".

La apertura de la causa contra Sánchez se remonta a 2011, cuando en respuesta a la denuncia de ésta última ante la Fiscalía Anticorrupción por el 'caso asesores' por el que Pacheco ha sido condenado, el exalcalde andalucista la denunció en el juzgado por la contratación de más de una treintena de casos de 'enchufismo', de los que el juez ha cuestionado finalmente la legalidad de cinco.

PACHECO DECLARA EL MIÉRCOLES COMO TESTIGO

En este sentido, está previsto que el exalcalde andalucista declare como testigo el próximo miércoles, mientras que mañana además de Sánchez lo harán el resto de imputados, entre los que se encuentran algunos beneficiarios de esas contrataciones como Francisco Gil, Dolores Caravaca, Rubén Pérez o Rosario Cano, y la exconcejal socialista y miembro de su equipo de Gobierno África Becerra.

Para estos últimos, la acusación reclama en algunos casos penas de cuatro años de prisión y en otros inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos.







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