Archivada la denuncia por la paralización de obras en la Central Hidroeléctrica del Portillo

El juez expone que se trata de una cuestión de índole administrativa y no penal, en la que ya existe pronunciamiento favorable al Ayuntamiento

central hidroeléctrica del Portillo
Central hidroeléctrica de El Portillo | Foto: Archivo
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha archivado la denuncia presentada por la mercantil Andaluza de la Energía contra el alcalde de Castril, Miguel Pérez, por paralizar las obras de ejecución de una línea eléctrica enterrada que conectara la Central Hidroeléctrica del Portillo con la red de distribución, al entender que carecían de licencia municipal.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez expone que se trata de una cuestión de índole administrativa –y no penal– en la que, además, ya existe pronunciamiento favorable al Ayuntamiento emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada, que avaló la paralización los trabajos.

La empresa solicitó licencia de obras al ayuntamiento a finales de diciembre de 2017 y al no dictarse resolución expresa entendió que le había sido concedida por silencio positivo, por lo que inició los trabajos en junio del año siguiente, pero el alcalde los paralizó primero de forma verbal y posteriormente mediante decreto.

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo da por acreditado que “las obras no estaban amparadas por licencia urbanística municipal y era plenamente procedente la medida acordada” sin que “en ningún caso pueda apreciarse el más mínimo indicio de la comisión de un delito de prevaricación administrativa” por parte del regidor.

En este contexto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar ha decretado ahora el sobreseimiento libre de las actuaciones abiertas contra el alcalde a través de un auto contra el que cabe recurso.

Desde el Ayuntamiento de Castril han confiado en que, tras las resoluciones judiciales dictadas tanto en la vía contenciosa como en la penal amparando la actuación municipal, el asunto “quede zanjado” y desde la entidad “se avengan a realizar las actuaciones pertinentes bajo el amparo de la legalidad urbanística”.







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