Absueltos los sindicalistas y trabajadores de Rober juzgados por su participación en un piquete

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El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha absuelto a los 19 imputados que fueron enjuiciados el pasado mes de noviembre por su participación en un piquete en la huelga en la empresa de autobuses urbanos de Granada, Rober, entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009.

La Fiscalía pedía inicialmente para los 19, 17 trabajadores y dos sindicalistas, entre ellos el secretario provincial de CCOO en Granada, Ricardo Flores, cuatro años de prisión por la supuesta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores, pero el juez ha considerado finalmente no acreditada su posible actuación delictiva.

El Ministerio Público les acusaba de haber proferido insultos que decidieron trabajar durante las dos jornadas de huelga, de impedir el paso de vehículos y cortarles el paso, de lanzar huevos contra los autobuses o de arremeter contra los responsables de la empresa, principalmente contra la responsable de recursos humanos.

Sin embargo, en la vista, el pasado 6 de noviembre, los procesados negaron haber llevado a cabo esas coacciones durante las jornadas de huelga o haber sido causantes de incidentes durante las protestas.

El secretario provincial de CCOO en Granada, Ricardo Flores, que llevaba entonces dos meses en el cargo, explicó que los motivos de la huelga fueron la ruptura del acuerdo al que se había comprometido la empresa para hacer fijos a un número de trabajadores y que las negociaciones con la gerencia se desarrollaron en un ambiente "cordial, dentro de la normalidad".

El proceso se inició después de que la empresa presentara denuncia, que luego decidió retirar, pero que motivó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, que solicitó entonces penas de cuatro años de prisión para los inculpados, ahora absueltos.

El comienzo del juicio motivó el desplazamiento a Granada del líder regional de CCOO-A, Francisco Carbonero, quien pidió "justicia" para los acusados, a los que mostró "todo" su apoyo "por defender la justicia social" en un momento en el que "el Gobierno pretende instaurar el miedo entre los trabajadores", con iniciativas como la reforma laboral. En su opinión, lo que sucedía en Granada era "un exponente más de la presión sindical hacia el movimiento obrero".







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