Miércoles, 23 Agosto, 2017

            

Villafranca pone en duda la imparcialidad de la auditoría encargada por la Junta en la Alhambra

La exdirectora del monumento ha defendido que siempre actuó "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal"

María del Mar Villafranca a su llegada a los juzgados | Foto: E.P.
E.P.


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La exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca ha defendido este miércoles ante el Juzgado que investiga la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento que siempre actuó “conforme a los informes técnicos” y “con soporte legal”, al tiempo que ha dudado de la “imparcialidad” de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el conjunto monumental a raíz de este caso y que detectó “graves irregularidades” en la gestión de contratos públicos.

Villafranca, cuya declaración en calidad de investigada se ha prolongado durante casi tres horas, ha señalado a su salida del edificio judicial de La Caleta que esta auditoría es “un informe político”, en tanto que fue solicitado por el PP en sede parlamentaria y ha reprochado a la Consejería de Cultura que lo encargara –en agosto de 2015– a la Intervención General de la Junta “sin comentarlo” con el pleno del Patronato de la Alhambra y a pesar de que el titular del Juzgado de Instrucción 4 no lo solicitó.

“El juez apreció riesgo de parcialidad en cualquier informe que provenga de la Junta y por tanto –esta auditoría– está desacreditada”, ha defendido Villafranca, a cuyo juicio “alguien debería dar explicaciones” por el hecho de que fuera aportada al Juzgado “sin nadie pedirlo desde el punto de vista judicial”.

En todo caso, la que fuera responsable del monumento más visitado de España se ha congratulado de haber podido “por fin” expresar “con claridad todo lo que concierne” al expediente del servicio de las audioguías, después de hayan pasado dos años desde que se iniciara este procedimiento judicial, por el que dimitió del cargo “para defenderse”.

Su declaración, según ha relatado a los periodistas, se ha centrado en su participación en este expediente, defendiendo que siempre actuó “conforme a los informes técnicos” y “todo se hizo con soporte legal” y “por los acuerdos del pleno del Patronato” de la Alhambra, que –según ha asegurado– “siempre estuvo informado con total transparencia” de la deuda que tenía con el monumento la empresa que se hizo cargo del servicio de audioguías, la cual la pagó “al cien por cien”.

Esto le ha llevado a afirmar que los intereses públicos del Patronato de la Alhambra al que ella representaba “han estado salvaguardados” y que su “honestidad está fuera de toda duda”.

Sobre la citada auditoría también ha censurado que los actuales gestores del Patronato de la Alhambra “no aportaran” en la fase de alegaciones la “documentación” que podía a su juicio aclarar buena parte de los extremos que se reflejan en el documento de la Intervención General de la Junta, en tanto que, según ha reseñado, el órgano que gestiona el monumento fue auditado por la Cámara de Cuentas “todos los años y nunca hubo un informe desfavorable”.

Igualmente ha tachado de “inexplicable” y cree que se deberán “dar explicaciones” de por qué “sin pedirlo nadie desde el punto de vista judicial se ha mandado al Juzgado” este documento, que a su entender tiene “un sesgo político muy claro en su origen” y que ve “cuestionable en la forma y en el fondo”.

La auditoría, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue solicitada por la Consejería de Cultura en agosto de 2015 y su alcance temporal está comprendido entre los años 2011 y 2014, aunque también se han revisado hechos acaecidos en ejercicios anteriores y posteriores cuando se han considerado relevantes o que podían “no ser conformes a derecho”.

El informe alude a irregularidades que han podido significar que “determinadas personas y empresas” accedieron a “múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia”. A ello se suma la posibilidad de “un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias”.

Esto último lo centra la Intervención en determinados contratos y adjudicatarios. Se citan expresamente el contrato de explotación del servicio de alquiler de equipos de audioguías y equipos receptores para grupos organizados; los contratos relacionados con la gestión del olivar de la Dehesa del Generalife y el contrato de gestión de las Tiendas de la Alhambra.

La previsión es que esta ronda de declaraciones en el conocido como caso de las audioguías continúe este jueves, el 23 de mayo y el 19 de junio con la comparecencia de más investigados en la causa.

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