Domingo, 26 Marzo, 2017

‘Vamos, Granada’ apoya la reivindicación de apertura del Hospital de Loja

Marta Gutiérrez: "El caso del Hospital de Loja es otro caso de falta de voluntad política, se está dejando de dar servicio a toda una comarca cuando la solución económica es considerablemente menor a la inversión realizada"

Marta Gutiérrez junto a los manifestantes


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Hoy Marta Gutiérrez se ha unido a las reivindicaciones de APHALA (Asociación de Profesionales afectados por el Hospital de Loja y Alcalá la Real) en la concentración realizada a las 10h en la puerta de Delegación del Gobierno . El caso del Hospital de Loja es un claro ejemplo de la pésima gestión de los recursos públicos en las instituciones que se llevan gestionando en función a intereses que nada tienen que ver con el bien común .Se trata de un Hospital de alta resolución que actualmente está funcionando únicamente como centro de salud, de casi cien profesionales que teniendo su plaza aprobada desde hace cuatro años no se ha podido incorporar a su puesto de trabajo. “Vamos, Granada” se ha sumado así a las reivindicaciones en defensa de una sanidad pública gratuita y universal de calidad, a la altura de sus profesionales, accesible para todos independientemente del territorio en el que vivan. Aunque este tema sea de competencia autonómica se percibe la necesidad de que los servicios públicos, como los servicios sociales, sean gestionados por las entidades más cercanas a la gente como son los Ayuntamientos, servicios que se ponen en grave riesgo con la próxima entrada en vigor de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que deja sin financiación a los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones legales.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27/2013 de 27 de Diciembre) o Ley de la Reforma Local como se la conoce, deja como única competencia propia en los Ayuntamientos “La evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social”.
Los Servicios Sociales quedarían convertidos, bajo el marco de esta ley, en meros derivadores del riesgo y la exclusión social, eliminándose la atención de proximidad, desmantelando el Estado de Bienestar que pasaría a ser un estado asistencialista con el consiguiente retroceso en los derechos sociales.

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