Jueves, 19 Octubre, 2017

            

Vamos, Granada advierte del “grave problema” de la insuficiencia de ingresos para la cobertura de necesidades básicas

La formación asegura que la Junta de Andalucía debe retomar el debate sobre la renta básica universal "aparcado por las últimas elecciones autonómicas"

Pilar Rivas, concejal de Vamos Granada | Foto: Archivo GD
Gabinete


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“Los poderes públicos estamos obligados a preguntarnos cómo nuestro sistema de protección social está respondiendo ante los índices de pobreza y cuál es el impacto de nuestras políticas sociales. Para Vamos Granada, la Junta de Andalucía debe retomar el debate sobre la renta básica universal aparcado por las últimas elecciones autonómicas”, ha señalado la concejal del grupo político en el Ayuntamiento de Granada, Pilar Rivas.

La concejal ha lamentado que en España, el porcentaje del PIB empleado a la lucha contra la pobreza es de un 0,2% frente a un 2% europeo. Pero además, en Andalucía es uno de los más bajos del territorio nacional. “En Andalucía tenemos, sin embargo, un 35,7% de personas por debajo del umbral de la pobreza; y constancia de 2.151 desahucios, de los que la mitad son por ejecuciones hipotecarias y la otra mitad, por impago de alquileres. En Granada tenemos a 127.500 parados y casi 70.000 desempleados sin prestación alguna. Y para Vamos Granada, un dato que nos parece significativo, según el Observatorio de la Emancipación de la Juventud, es que la tasa de emancipación entre los jóvenes de 16 a 29 años no llega al 20% en 2016, habiendo bajado dos puntos respecto año anterior. Un 38% de la juventud española que está por debajo del umbral de la pobreza y de éste, un 24% son jóvenes ocupados”, ha indicado.

El sistema de garantía de rentas mínimas en Andalucía se le conoce como el Salario Social o Programa de Solidaridad para la erradicación de la marginación en Andalucía y viene a cubrir “apenas un 20% de la pobreza”. “Y en ello influyen que su cuantía está por debajo del umbral de la pobreza o la accesibilidad a dicha prestación”.

Pilar Rivas, concejal de Vamos, Granada ha destacado también “las dificultades de accesibilidad a nuestro Salario Social, regulado por un decreto de 1999”. “Tarda ocho meses su tramitación; distingue entre inmigrantes comunitarios y no comunitarios; no tienen derecho a él los menores de 25 años emancipados que compartan vivienda, ni menores ex-tutelados salvo que tengan DNI. Otro grave problema, según el art. 2b, es que la unidad familiar debe haber sido conformada con un año de antelación a la fecha de la solicitud; si te mudas tienes que esperar un año; si te separas pero no pones demanda; si acoges a una hermana o a un sobrino; si tu hijo vuelve a casa y un largo etc de situaciones que quedan fuera de toda protección. En definitiva, uno de los sistemas que menos respuesta da a la ciudadanía en comparación otras rentas mínimas de otras comunidades”, ha dicho.

“Los Servicios Sociales Comunitarios son el primer nivel de atención a la ciudadanía prestados desde las entidades locales de cada territorio, son quienes valoran las necesidades y deben planificar la intervención en función de las características de cada barrio y de la población residente. Los equipos técnicos municipales tienen la acometida del diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía de las personas, grupos y comunidades. Identifican las situaciones de exclusión social o riesgo, situaciones de violencia de género, dependencia o desprotección.  Sin embargo, estas actuaciones están dejando de realizarse. Las políticas sociales de la Junta de Andalucía tienen secuestrada la capacidad de actuación y de auto-organizarnos para poder desarrollar lo que son las competencias municipales. Incluso el Salario social es tramitado por los trabajadores sociales municipales, pero hay muchos más, programas de suministros o el programa de ayuda a la contratación. La Junta desarrolla políticas de vivienda y empleo ineficaces que pretende sustituir por unas políticas sociales asistencialistas que impiden de facto el desarrollo local de los territorios”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Granada “debe exigir a la Junta de Andalucía la financiación suficiente para el desarrollo de lo que la Ley de Servicios Sociales nos asigna como competencias propias: el desarrollo local, la búsqueda de las potencialidades de individuos, grupos y comunidades, la generación de redes de apoyo mutuo y redes de desarrollo local. Y, por supuesto, debe diseñar políticas sociales que rentabilicen los recursos y libere a los profesionales para hacer su trabajo”. Para Vamos Granada, la Junta de Andalucía “debe retomar el debate sobre la renta básica universal aparcado por las últimas elecciones autonómicas”. “Nos alegramos que, a nivel nacional, se haya aceptado la iniciativa popular aún con los votos en contra del PP y de Ciudadanos”, ha declarado Pilar Rivas.

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