Sábado, 17 de Noviembre de 2018

            

Un juzgado reconoce como indefinida a una trabajadora social tras diez años con contratos temporales

La magistrada condena a la Diputación de Granada con base en que ha habido "fraude de ley en la contratación, ya que en el año 2008 se firmó un contrato para obra o servicio determinado que ha sido prorrogado de forma sucesiva

E.P.


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Una trabajadora social del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar (Granada), que tuvo sucesivos contratos temporales y por obras y servicios desde hace una década, ha sido reconocida como indefinida en una sentencia judicial.

La sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada, dictada el pasado 30 de abril y contra la que cabe recurso, reconoce el “carácter indefinido” de la relación laboral de esta trabajadora en el centro dependiente de la Diputación de Granada, institución a la que demandó el pasado 1 de diciembre.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que en el año 2008 firmó un contrato para obra o servicio determinado que “ha sido prorrogado de forma sucesiva hasta la actualidad, y que sigue vigente, realizando la actora funciones ajenas a las de la obra o servicio contratado, a lo que hay que añadir el exceso de la temporalidad”.

La parte demandante ha acreditado que “realiza desde siempre las mismas tareas y funciones propias del programa de dependencia pero además cualquier otra gestionada por los Servicios Sociales Comunitarios, por lo que se trata de trabajos de carácter estructural y permanente, no ciñéndose sus funciones al objeto de la contratación”.

A modo de ejemplo, la trabajadora social realizó informes de arraigo y socioeconómicos dentro del programa de solidaridad para andaluces de erradicación de la marginación social y desigualdad, entre otros.

Por todo ello, la magistrada condena a la Diputación de Granada a asumir la declaración del “carácter indefinido de la relación laboral” de esta trabajadora social, con base en que ha habido “fraude de ley en la contratación, ya que en el año 2008 se firmó un contrato para obra o servicio determinado que ha sido prorrogado de forma sucesiva hasta la actualidad”.

En concreto, viene prestando servicios para la Diputación desde el 6 de febrero de 2008 hasta la actualidad con categoría profesional de trabajadora social “con sucesivos contratos temporales”. El primero, hasta el 30 de junio de ese mismo año se le hizo “por acumulación de tareas”, según detalla la sentencia conforme a la documentación aportada por la demandante.

Desde el 23 de octubre de ese año hasta la misma fecha de 2009, se la contrató por “obra o servicio determinado” con un objeto definido como “Servicios Sociales Comunitarios. Centro de trabajo Huétor Tájar”. Hubo prórrogas de ese mismo contrato hasta el 22 de octubre de 2010, y desde un día después hasta la “la finalización de la obra o servicio”.

La juez también incluye en los hechos probados de la sentencia el hecho de que, por acuerdo de 19 de diciembre de 2017, la Junta de Andalucía distribuye “créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia”.


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