Martes, 24 enero, 2017

Consigue el desahucio de inquilinos morosos tras un año y medio de litigio

Ignacio Navarrete regentó el hostal Consul de Granada durante más de 16 años hasta que decidió alquilar su negocio | Tras destrozar parte de sus instalaciones y negarse a pagarle todas las mensualidades, Navarrete ha conseguido que la justicia desahucie a quienes han estado al frente del negocio durante todo este tiempo

Ignacio Navarrete frente al hostal, que ahora se enfrenta a una larga reforma | Foto: GD


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Estas cosas suelen venir de familia y en el caso de Ignacio Navarrete no es una excepción. A este granadino de tradición hostelera le llegó el testigo por parte de padre, quien durante varias décadas mantuvo con éxito alguno de los hoteles más antiguos de la ciudad. Llegado el momento, Navarrete pasó a encargarse de uno de los negocios familiares, el hostal Consul, en la emblemática calle San Antón. El hostelero cuenta que durante 16 años se dedicó prácticamente en exclusiva a mimar su negocio. Tanto fue el empeño puesto en el hostal que el empresario incluso llegó a vivir en él. Poco descanso había para un autónomo con dos hijos a su cargo.

Eso fue hasta que a principios de 2013 decidió ceder su negocio a otras manos: “en aquel momento quería calidad de vida”, confiesa Navarrete, que entonces  no sabía que los nuevos gestores del hostal no tenían intención alguna de pagarle las mensualidades acordadas bajo contrato. Comenzaba en el mes de enero de 2013 un “calvario” judicial y personal que ahora, a principios de septiembre de 2014, ha terminado con el desahucio de los ‘inquilinos’, el cierre temporal del hostal y la ruina total del empresario, que se enfrenta al embargo de su coche y su casa.

“DESPROTECCIÓN” DEL ARRENDADOR

El de Navarrete es uno más de los casos de impago a los que la administración de justicia tiene que hacer frente. Según explican desde Hispacolex Servicios Jurídicos, hasta 2013 la ley de Arrendamientos Urbanos cargaba de procesos y burocracia cualquier acción de desahucio que el dueño de un negocio quisiera ejecutar contra quienes lo explotaban en su lugar. A partir de una reforma que tuvo lugar en año pasado, este proceso judicial se ha simplificado, allanando la burocracia y acortando los plazos, que ahora y para la provincia de Granada se sitúan entre cuatro y seis meses.

Sin embargo, existen excepciones, como lo ha sido el caso de Ignacio Navarrete, que durante año y medio se ha visto envuelto en un complejo proceso judicial que le ha costado tiempo, dinero y sobre todo salud física y mental… “He llegado a estar muy, muy deprimido”, asegura el empresario, que ha ido de psicólogo en psicólogo y ahora quiere volver a levantar un negocio antaño próspero.

Navarrete se queja de la desprotección de quienes alquilan sus locales y negocios. Porque el contrato puede estar ahí, pero no garantiza el pago de las mensualidades o que los ‘inquilinos’ del negocio se vayan a hacer cargo de los desperfectos que, como en esta ocasión, se han dado. “Por no pagar, no pagaban ni la luz ni el agua. Llamé a las compañías y les cortaron los servicios pero les dio igual. Se engancharon de manera ilegal a la luz y al agua”, explica mientras enseña fotografías de los empalmes hechos en las cañerías.

Desde Hispacolex explican que para evitar este tipo de situaciones es importante no sólo pedir la fianza de dos meses por adelantado, sino exigir avales bancarios y personales a quienes van a alquilar el negocio.

LLUEVE SOBRE MOJADO

Tras todo este tiempo de lucha, Ignacio Navarrete ha llegado a conocer muy bien a quienes le han arruinado: la pareja a la que cedió su negocio ya venía de regentar varios bares en la capital, con idéntico resultado de impagos, asegura el hostelero. “Yo solo quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo he pasado”, y advierte de que le ha llegado información sobre un nuevo negocio que sus anteriores inquilinos estarían empezando a dirigir en otro municipio de la provincia.

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