Martes, 25 Julio, 2017

            

Un año político de vértigo en Andalucía

Andalucía cierra en los próximos días un año político de vértigo en el que ha visto cómo en apenas cuatro meses se ha producido un relevo en la Presidencia de la Junta y cómo el caso de los ERE ha continuado protagonizando la polémica diaria, ahora junto a las ayudas al sindicato UGT-A.

Blanca Fernández-Viagas y Enrique Bermúdez


image_print

Los acontecimientos se precipitaron a partir de mediados de año, después de que José Antonio Griñán anunciara por sorpresa en el Parlamento su dimisión como presidente de la Junta, una renuncia que hizo efectiva el 27 de agosto tras quince meses en el cargo y con la que dijo querer preservar a la Junta de la “erosión” del caso ERE, además de propiciar un cambio generacional y de “género”.

Susana Díaz, de 38 años, se convirtió de esta forma, tras una carrera política meteórica, en la primera mujer en 31 años de autonomía en Andalucía que preside la Junta, cargo para el que fue investida el 5 de septiembre con los votos del PSOE e IU, socios del gobierno de coalición.

En apenas unos meses, Díaz no sólo ha relevado a Griñán al frente de la Junta, sino también del PSOE de Andalucía, que tras unas elecciones primarias sin urnas -el resto de los candidatos no consiguieron avales suficientes- fue elegida secretaria general a finales de noviembre en el congreso extraordinario de Granada, que certificó el “poderío” de la nueva líder.

La presidenta de la Junta heredó de su antecesor un pacto con IU y más de un millón de parados registrados en las oficinas de empleo, pero lo que no estaba dispuesta a heredar es el caso de los ERE, lo que motivó que dejara fuera del nuevo Ejecutivo a todos los consejeros que pudieran resultar salpicados por este escándalo.

Pero el caso sigue en las primeras páginas de los periódicos y protagonizando las sesiones del Parlamento pese a que el PSOE se lamente de que el PP no tenga otro “guión” que la corrupción, mientras el principal partido de la oposición sostiene que no se podrán librar porque mantienen el modelo “viciado” tras más de treinta años gobernando en Andalucía.

Hasta IU, socio del gobierno de coalición, que celebró el anuncio de Díaz en su investidura de que abriría “puertas y ventanas” y sería “implacable” con la corrupción, ha pedido que se pase de las palabras a los hechos y, a raíz del caso de las facturas de UGT, ha defendido que la Junta acuda a los tribunales como acusación.

A medida que discurre la legislatura empieza a hacerse visible cierta tensión entre los socios de gobierno, especialmente durante la elaboración del proyecto de presupuestos, aunque ambos siguen apostando por agotar la legislatura.

Las objeciones de Díaz a propuestas de IU como la subida de impuestos o al anuncio de iniciativas y “titulares” a costa de los más débiles han aumentado el clima de tensión, que ahora pretende reconducir con el establecimiento de un calendario “exhaustivo” de impulso de las leyes y medidas incluidas en el pacto de coalición.

Lo cierto es que en los últimos meses, IU ha marcado el rumbo de la agenda política, con el impulso de medidas como el decreto contra los desahucios o la exención del pago de servicios básicos como la luz y el agua a familias sin recursos.

Los consejos de gobierno se han sucedido sin grandes medidas de calado, algo que desde el Gobierno regional achacan a la poca disponibilidad presupuestaria por los “recortes” y exigencias del Ejecutivo central, y que según han denunciado también ha lastrado el próximo presupuesto, ya que los afrontan con 1.200 millones menos.

La Junta ha defendido en todo momento que en Andalucía hay “otra forma” de hacer las cosas y se ha posicionado contra medidas del Gobierno central, que le ha llevado a presentar recursos contra las tasas judiciales, contra tres normas estatales sobre energías renovables y contra la nueva Ley de Costas, además de anunciar que presentarán otros contra la reforma local si no hay cambios en la tramitación parlamentaria y contra la Lomce.

El Gobierno central por su parte ha recurrido las dos primeras subastas de medicamentos de la Junta y el decreto ley sobre desahucios, que autorizaba la expropiación temporal de viviendas, y estudia si recurrirá la ley que se aprobó posteriormente para ello.

Por su parte, en el PP-A el año ha discurrido entre un baile de nombres para sustituir al actual presidente de la formación, Juan Ignacio Zoido, también regidor de Sevilla, que en todo momento ha dejado clara su preferencia por la Alcaldía de la capital andaluza.

Los populares, que han mantenido que el relevo en el PSOE-A no iba a cambiar su hoja de ruta, aceleraron a finales de noviembre el proceso e incluso Zoido anunció que pronto dejaría la presidencia de la formación, aunque pocos días después el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió calma en la sucesión.

Cuando parecía que se elegiría al secretario general, José Luis Sanz, el proceso se ha parado y entran en las quinielas nombres de los que se ha hablado durante todo el año como el de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno Bonilla, la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, o el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.

En IULV-CA el relevo se consumó en verano, cuando el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, dejó su cargo como coordinador general de la federación de izquierdas -aunque continúa en la Junta- y le sucedió en el puesto Antonio Maíllo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *