Sábado, 21 enero, 2017

Un activista bahreiní de Derechos Humanos puede ser condenado hasta a trece años de prisión por unos tuits

Nabil Rayab ha sido acusado por sus críticas al régimen del país y su implicación en la guerra de Yemen

Foto: Archivo
E.P.


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Un activista de Derechos Humanos bahreiní, Nabil Rayab, ha sido acusado por sus críticas al régimen del país y su implicación en la guerra de Yemen y podría ser condenado hasta a trece años de cárcel, según ha denunciado este domingo su abogado, Yalila Sayed.

Sayed ha explicado en un correo electrónico dirigido a los seguidores de Rayab que está siendo procesado ahora por unos tuits publicados el año pasado en el que acusaba a las fuerzas de seguridad de torturar a los presos de la cárcel más importante del país y de la muerte de civiles en la intervención de la coalición saudí en Yemen.

“Ha sido notificado de que su caso sobre la prisión de Jaw y la guerra en Yemen al Alto Tribunal Penal para su procesamiento”, ha indicado Sayed. “La primera vista será el 12 de julio de 2016. Nabil podría ser condenado hasta a 13 años de prisión si es condenado”, ha añadido.

Rayab fue detenido el pasado 13 de junio, cuando además fueron confiscados todos los aparatos electrónicos del activista. Según la familia, nadie les dio ninguna razón para su detención.

El Instituto Bahreiní de Derechos y Democracia ha indicado en un comunicado que cree que su detención ha sido ordenada por la unidad de Crímenes Electrónicos del Ministerio del Interior y que forma parte de una “serie de medidas para silenciar a la sociedad civil en Bahréin, de cara a la 32.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, que arranca este lunes en Ginebra.

Decenas de activistas han recibido prohibiciones para viajar al exterior poco antes del comienzo de esta sesión de la ONU, según el Centro Bahreiní de Derechos Humanos, del que Rajab es fundador.

Rayab ha sido detenido en diferentes ocasiones para posteriormente ser liberado. La última vez salió de prisión en julio de 2015 por razones médicas después de cumplir tres de una sentencia de seis meses de prisión por “insultar las instituciones públicas”.

En agosto de 2012 fue condenado por organizar y participar en las protestas ilegales que exigieron la instauración de reformas en el reino.

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