Domingo, 26 Marzo, 2017

UGT-A creó "una estructura empresarial ex profeso" para desviar fondos públicos

Según expone la Guardia Civil en su oficio en base a los datos obtenidos, la empresa Geosur Arquitectura y Urbanismo llegó a declarar pagos por 2,4 millones de euros en el año 2011.



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El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un escrito dirigido al juez de Sevilla que investiga el caso de las facturas falsas de UGT-A que el sindicato habría creado una estructura empresarial “ex profeso” para, supuestamente, “justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados”.

En este oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil da cuenta de la intervención de los teléfonos del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda y de Dolores Sánchez, que fue responsable de compras del sindicato, y concluye que de dichos ‘pinchazos’ telefónicos se desprende que UGT habría creado “ex profeso” una estructura empresarial para justificar dicho presunto desvío de fondos públicos.

Al hilo de ello, precisa que estas mercantiles serían Soralpe I Mas P Asociados S.L., Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo, “en cuyos órganos de gobierno figuran o han figurado responsables de la propia UGT-A”.

RELACIÓN DE UGT-A CON JUAN LANZAS

La UCO pone de manifiesto que, del estudio de las declaraciones de operaciones comerciales con terceros aportado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, “se pone de manifiesto cómo en los últimos años, estas empresas han mantenido unos importantes flujos dinerarios con UGT-A”, así como “las relaciones comerciales que UGT-A ha mantenido con las empresas que la investigación ha vinculado” con el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas.

De este modo, y vinculada a Lanzas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cita la empresa ‘Planificación Cooperación y Desarrollo’, que entre los años 2008 y 2012 declaró pagos por más de 1,5 millones de euros.

La Guardia Civil no sólo realizó los ‘pinchazos’ telefónicos mencionados, que fueron autorizados por la juez Mercedes Alaya antes de que la investigación fuera asumida por el juez Juan Jesús García Vélez, sino que también estableció “un control de actividades” en las inmediaciones de la urbanización “donde reside junto a su familia Manuel Pastrana”, que fuera secretario general de UGT-A.

En este seguimiento, la Guardia Civil observó como Fresneda accedía el 19 de diciembre de 2013 a un portal del complejo residencial mencionado, donde supuestamente se habría citado con Pastrana “para mantener una reunión, tras lo que, en una conversación telefónica mantenida al día siguiente y que fue intervenida por los agentes, el exdirigente de UGT-A confesaba a su interlocutor que “Manolo está echando balones fuera”.

“De lo cual se infiere, a tenor de la reunión que durante el día anterior había mantenido con Manolo Pastrana, en el domicilio de éste, que se estuviesen refiriendo a este último”, concluye la Guardia Civil.

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