Trabajadores sociales piden al Parlamento que la ley de servicios sociales incluya un profesional cada 3.000 habitantes

El Consejo Andaluz de Colegios de Profesionales de Trabajo Social solicita al Parlamento de Andalucía que la nueva ley de servicios sociales incluya una ratio de un trabajor social por cada 3.000 habitantes.

Ésta es una de las peticiones que el Consejo, representado por su presidente, Gonzalo Cañestro, ha pedido durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento, con la finalidad de trasladar el posicionamiento del Consejo acerca del proyecto de ley de servicios sociales de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario.

Las cuestiones que han centrado la intervención ante los representantes parlamentarios y miembros de la Comisión se han centrado, en primer lugar, en la defensa del trabajador social como profesional de referencia en la nueva ley. Gonzalo Cañestro ha subrayado que "se trata de un derecho de ciudadanía, incorporado desde la Unión Europea, quien la remitió como Recomendación del Consejo de Ministros sobre el Trabajo Social a los Estados Miembros Rec. (2001), y que el Gobierno de España hizo suya en 2013, publicando en el RD donde se recoge el Catálogo de Referencia Servicios y Prestaciones de Servicios Sociales".

El presidente del Consejo Andaluz ha destacado que dicho perfil --el de profesional de referencia-- "ha sido incorporado desde esa fecha a todas las leyes autonómicas de servicios sociales de segunda generación".

Respecto a las prestaciones, desde el Consejo Andaluz "instamos a que la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, la mediación y la emergencia social se incorporen al nuevo catálogo de servicios como prestaciones de carácter preventivo, que deben quedar dentro del Sistema de Servicios Sociales en el nivel Primario".

En cuanto al espíritu de la ley, el presidente del Consejo Andaluz ha indicado que, frente a una posible concepción individualista y clínica, "la persona, como ser social, al convivir en un entorno de conflictos multidimensionales, precisa de respuestas e intervenciones también globales". Por lo tanto, desde el Consejo Andaluz "apostamos por un modelo de intervención comunitario o sociocomunitario, que esperamos se incorpore al espíritu de la nueva ley".

Finalmente, respecto a la universalidad del sistema y de las prestaciones, el Consejo Andaluz pone especial énfasis "en los derechos sociales actualmente reconocidos en el Estatuto de Andalucía".

NUEVA ETAPA

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, entidad que agrupa a los ocho Colegios provinciales de Trabajo Social, y que representa a más de 5.000 personas colegiadas, a la vez que ostenta la representatividad de la profesión en Andalucía, "agradece la oportunidad que se nos brinda para hacer nuestro trabajo de reflexión, análisis y valoración" sobre el proyecto de ley de servicios sociales de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario.

"Para nosotras y nosotros es muy importante que, en momentos de cambios y transformaciones sociales, tengamos la posibilidad de participar en la elaboración de la futura ley, que afectará al ejercicio de la profesión y al propio Sistema Público de Servicios Sociales", ha explicado Cañestro.

La Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en 1981, supusieron el reconocimiento de derechos fundamentales y sociales que cimentan las bases del, aunque débil, actual Estado de Bienestar. Con posterioridad, la entrada en vigor del actual Estatuto de Autonomía, en 2007, supone el reconocimiento explícito de una serie de derechos sociales y objetivos en la política social, así como un salto cualitativo en la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales, lo cual exige una revisión de la actual Ley 2/1988.

El envejecimiento de la población, la pobreza infantojuvenil y la de las personas mayores de 45 años, la violencia de género, la precariedad laboral, la expulsión residencial, así como los cambios estructurales vividos en las tres últimas décadas, "ponen en evidencia nuevas necesidades para las cuales la sociedad demanda nuevas respuestas", concluye Gonzalo Cañestro.

"Demandamos que los servicios sociales formen parte de los derechos fundamentales con mayor nivel de protección. Vemos necesario una ley marco de servicios sociales, un plan de calidad, un nuevo mapa de servicios sociales, la unificación de los distintos sectores de intervención dentro del mismo sistema. Que el subsistema de la dependencia no fagocite el sistema público de servicios sociales", señalan desde el Consejo.

Éstas son, entre otras, algunas de las demandas planteadas al Gobierno andaluz, a la Oficina del Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a los colegios profesionales y a las instituciones del tercer sector adscritas al ámbito social, concluyen.