, que a día de hoy lo siguen siendo del grupo Editorial Prensa Ibérica “a todos los efectos”, según uno de los periodistas. Fotos: Fermín Rodríguez.

Trabajadores de La Opinión se concentran frente a las puertas del diario / Foto: Fermín Rodríguez

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Lunes, 24 Julio, 2017

            

Trabajadores de La Opinión cuestionan la legalidad del cierre del diario



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Entre sus objetivos, y dado que la empresa no ha seguido el trámite del cierre “como debiera”, está la posibilidad de que “nos tengan que readmitir a los empleados”, que a día de hoy lo siguen siendo del grupo Editorial Prensa Ibérica “a todos los efectos”, según uno de los periodistas. Fotos: Fermín Rodríguez.

Trabajadores de La Opinión se concentran frente a las puertas del diario / Foto: Fermín Rodríguez

El presidente del comité de trabajadores de la Opinión de Granada -a quienes la empresa anunció el pasado día 5 el cierre del diario y el despido de sus 45 profesionales– Emilio Fuentes, ha asegurado hoy, durante la concentración a mediodía que celebran ahora todos los días, que están estudiando “legalmente” la situación al “no estar clara”.

Fuentes ha explicado que siguen siendo trabajadores de la Opinión de Granada y del Grupo Prensa Ibérica “a todos los efectos”, pero no están realizando “el proyecto que veníamos desarrollando porque la empresa no quiere”.

Ha advertido de que “lucharemos hasta las últimas consecuencias”, y hasta que se resuelva la situación, llevarán a cabo medidas de acción como las concentraciones que celebran todos los días a mediodía a las puertas de la sede del periódico, en el Palacio de Villamena, o la constitución de una asamblea de trabajadores para seguir “reclamando nuestros derechos”, dado que la situación es “muy compleja” y “caben todas las opciones”.

Como la empresa “no se ha cerrado formalmente”, el periodista ha asegurado que el objetivo puede ser  incluso la “readmisión de los trabajadores” por parte del grupo EPI, que tiene, recordó, 20 millones de beneficio. Sería “el último objetivo, y por medio, toda la escala de grises, no sólo indemnizaciones”, ha añadido.


Aunque el grupo EPI anunció “por escrito” su intención de cerrar la cabecera “legalmente no se ha seguido el trámite como se tenía que haber hecho”, según Fuentes, que ha insistido en no echar la culpa de la clausura a la crisis, ya que este grupo editorial es “el más saneado del país”.

“Hasta una semana antes nos decían, desde la gerencia hacia arriba, que esta era una empresa solvente, y que no nos preocupáramos por las pérdidas de Granada porque el grupo respondía”, ha concluido.

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