Jueves, 23 Marzo, 2017

El subdelegado incide en una “falta de control de la Junta” en los fondos para cursos de formación a parados

El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, afirma que "ha habido una falta de control muy importante" por parte de la Junta en los fondos para cursos de formación para desempleados y ha incidido en que la investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas en la obtención de estas subvenciones está "dirigida por un juez" y, por tanto, "la Policía atiende a lo que se le manda"



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El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, afirma que “ha habido una falta de control muy importante” por parte de la Junta en los fondos para cursos de formación para desempleados y ha incidido en que la investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas en la obtención de estas subvenciones está “dirigida por un juez” y, por tanto, “la Policía atiende a lo que se le manda”.

Pérez se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la operación que en este sentido desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que el pasado martes supuso la detención de doce personas en varias provincias andaluzas, entre ellas Málaga y Granada.

El subdelegado ha explicado que tras estas detenciones la Policía sigue investigando sin que hasta el momento se hayan producido novedades y ha defendido que se trata de una investigación “seria, ordenada y dirigida por un juez”, en la que la Policía está a “lo que se le manda” y que, a su entender, debe “llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Por lo que estamos viendo y por los datos que aparecen, creo que ha habido una falta de control muy importante por parte de la Junta de Andalucía y creo que es ahí donde hay que incidir, en cómo es posible que tantísimo dinero no haya sido debidamente fiscalizado y controlado para su buen uso”, ha señalado el subdelegado, censurando que “no se verifique el objetivo último” de estos fondos que “era formar a personas que tenían dificultades de acceso” al mercado laboral.

Pérez se ha mostrado contrario a que, tras las últimas detenciones practicadas en Málaga y Granada, se “criminalice en su conjunto a las empresas de formación”, al considerarlo “injusto”, ya que, al igual que en todos los ámbitos, “hay personas que cumplen con su obligación” y otras que no, de modo que “no todas han cometido irregularidades”.

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