Miércoles, 22 Noviembre, 2017

            

Save the Children pide la aprobación de una ley contra violencia a la infancia tras el presunto abuso sexual de un padre a su hija

El suceso tuvo lugar en un pueblo de la zona norte de Granada y fue denunciado por la madre de la menor

Imagen de Archivo de una niña | Foto: ArchivoGD
E.P.


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Save the Children ha condenado la violación a una niña de once años supuestamente por parte de su padre en un pueblo de la zona norte de Granada y ha reiterado la urgencia de aprobar una ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia.

Así se ha manifestado la ONG a raíz de que la Guardia Civil haya detenido al presunto autor de los abusos, después de que la madre de la menor lo denunciara al comprobar con la grabación de un teléfono móvil que sus sospechas eran ciertas.

Ante este “terrible suceso”, el responsable de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha condenado y lamentado lo sucedido, a la vez que ha advertido de que todavía siguen “dándose fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a los menores que han sufrido abusos sexuales”.

Considera “inadmisible” que en España “haya niños sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años y que, aunque se detecten, haya menores que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos por las autoridades”.

Desde Save the Children se recomienda adoptar en Andalucía una serie de medidas, como la puesta en marcha de la Casa de los Niños, un único espacio de coordinación entre Policía, servicios sociales, juzgados y sistema sanitario que evita que el menor tenga que acudir a múltiples instituciones, de modo que cuenta su historia una única vez y recibe atención sin posibilidades de descoordinación o revictimización.

Llaman además a la Consejería de Educación a modificar el Protocolo de Actuaciones ante el Maltrato Infantil para obligar a la notificación a las administraciones competentes en cuanto un niño releve el abuso a un profesional, sin necesidad de que exista una sospecha fundada sobre la veracidad de la revelación.

 

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