Domingo, 24 Septiembre, 2017

            

Sandra García niega competencia autonómica en los vertidos de la cárcel y confía en el archivo

"Estoy con mucha tranquilidad, con la oportunidad de poder explicarme y dar los argumentos precisos y entendiendo que la justicia será justa", ha declarado a los medios antes de prestar declaración ante el juez Miguel Ángel del Arco

La delegada ha asegurado que la Consejería dejó de ser competente en materia de vertidos desde octubre de 2011 | Foto: Archivo


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La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha defendido este jueves su actuación frente a los vertidos de la prisión de Albolote (Granada) y ha negado que existiera competencia autonómica en este asunto, con lo que ha confiado que el Juzgado de Instrucción 6 de Granada archive las diligencias previas abiertas con respecto a la responsabilidad de la Junta de Andalucía

En declaraciones a los periodistas antes de declarar ante el juez como imputada por un posible delito de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, García ha señalado que durante su etapa como delegada de Medio Ambiente “en ningún momento” hizo “nada” en contra de “cualquier informe técnico o jurídico de la Delegación de Medio Ambiente” y ha explicado que todo lo que le llegó entonces sobre posibles vertidos fue trasladado a la administración “competente”, que era la administración del Estado.

Por ello, afronta “con muchísima tranquilidad” su comparecencia ante el magistrado Miguel Ángel del Arco, y ha recordado que su imputación se limita a su etapa como responsable de Medio Ambiente, y que se trata de unas “diligencias previas” en las que se les está tomando declaración “a todas las partes”.

La delegada ha querido dejar “claro” que se trata de un asunto, el de los vertidos, en los que la Junta dejó de ser competente en octubre de 2011, cuando pasó a manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). “Estoy con mucha tranquilidad, con la oportunidad de poder explicarme y dar los argumentos precisos y entendiendo que la justicia será justa”, ha mantenido García, que ha negado haber prevaricado. “Confío plenamente en que estas diligencias previas se van a archivar y que no van a llegar a ningún sitio en cuanto a la gestión de la Junta en esta materia, porque no era de su competencia”, ha incidido.

Además, también ha defendido “totalmente” la actuación en este asunto de la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, que declarará el próximo lunes día 29 ante el juez por el mismo asunto e imputada por los mismos delitos.

Recientemente el Juzgado ha elevado también exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que abra diligencias contra el parlamentario andaluz del PSOE y exdelegado de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón por su presunta implicación en el caso. La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ya ha recibido la petición del juez y ha dado traslado del asunto a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.

El aforamiento de Aragón le impide al juez de instrucción tomarle declaración, como solicitó el pasado 8 de abril la acusación popular, por lo que el magistrado Miguel Ángel del Arco ha tenido que elevar una petición al alto tribunal andaluz, en un caso en el que también están imputadas la actual delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, y de la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria.

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado “graves y reiterados daños” en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.

El magistrado Miguel Ángel del Arco citó a declarar como imputada de los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente a García –también exdelegada de Medio Ambiente– para el día 27 de mayo, y a Oria, el día siguiente, día 28, pero finalmente decidió aplazar sus comparecencias para junio, finalmente para los días 25 y 29 tras su última decisión.

En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, “y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces”.

El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, “tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua”.

Como consecuencia de ello, “tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias”.

De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su “anuencia”, se ha “prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR –la depuradora de la prisión–, a la que tienen derecho todos los ciudadanos”.

Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que “era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG”.

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