Domingo, 10 Diciembre, 2017

            

Sánchez Rubio apuesta por la prevención, educación y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual

La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales recuerda que este colectivo está formado por más de 60.000 personas en Andalucía

Foto: Archivo


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La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha visitado hoy la Asociación de Granada a favor de personas con discapacidad intelectual Vale en Dúrcal, donde ha recalcado la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por “la prevención, educación y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual para su integración social y laboral”. Un colectivo, ha recordado Sánchez Rubio, formado por más de 60.000 personas en Andalucía.

Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el “desafío del Gobierno andaluz pasa fomentar en la sociedad unos pilares basados en el respeto, igualdad, compromiso, confianza y superación” para que las personas con discapacidad intelectual “puedan vivir según se propongan, con sus deseos, inquietudes, sueños y sentimientos con el apoyo de las Administraciones Públicas”.

La Asociación Vale gestiona cuatro centros con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) con 118 plazas concertadas de las que están ocupadas el 100% del total.

Esta asociación de Granada a favor de personas con discapacidad intelectual Vale se crea en 1982 a partir de la iniciativa de un grupo de padres y madres de menores con discapacidad intelectual, cuyo fin es defender la dignidad y calidad de estas y sus familias, reivindicando sus derechos e instando a los poderes públicos a establecer políticas encaminadas a asegurar su integración.
Anteproyecto Ley de Discapacidad

La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.

Entre otros derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

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