Lunes, 18 Diciembre, 2017

            

PSOE, satisfecho con el apoyo a 59 profesores de la UGR afectados por la tasa de reposición

Fue una decisión del Gobierno en 2012 para reducir la tasa de reposición de los funcionarios al diez por ciento

Imagen ilustrativa
E.P.


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El diputado socialista en el Congreso Gregorio Cámara se ha mostrado satisfecho por que la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados haya aprobado la iniciativa socialista de apoyo a los profesores e investigadores, entre ellos 59 de la Universidad de Granada, afectados por la decisión del Gobierno en 2012 de reducir la tasa de reposición de los funcionarios al diez por ciento.

Según ha explicado en su iniciativa, un número importante de estos profesores e investigadores consiguió plaza de profesor o catedrático universitario en concursos convocados antes de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y vio, posteriormente y a causa de la impugnación por parte del Gobierno de esas plazas, como perdían la plaza conseguida.

Así, ha manifestado que el Gobierno del PP “colocó en una situación absolutamente injusta y de completa inseguridad jurídica a los profesores universitarios e investigadores que ya se encontraban en distintas fases de concurso a plazas de acceso a los cuerpos de titulares y Catedráticos de Universidad, que ya habían sido convocadas por sus universidades”.

Según ha manifestado, hechas las convocatorias y celebrados y resueltos los concursos conforme a las exigencias constitucionales y legales de mérito y capacidad, quienes obtuvieron las plazas de acuerdo con estos principios y tras una larga trayectoria académica fueron tomando posesión de las mismas conforme a la normativa legal vigente.

“Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas instó la impugnación contra una serie de estas plazas convocadas y celebradas en el año 2012 (no contra todas). Esta impugnación se basó en el supuesto incumplimiento de la tasa de reposición, incluso sin haber instado previamente la suspensión de la celebración de los respectivos concursos ya convocados”, ha explicado.

“El resultado de este innecesario desaguisado es que muchos profesores universitarios, que no hicieron más que confiar en la legalidad de las convocatorias realizadas por sus universidades y que fueron publicadas en el BOE, llevan ya prácticamente cinco años de incertidumbre, sufriendo perjuicios de imposible reparación y un gravísimo trato desigual, inadmisible en un Estado constitucional de Derecho”, ha lamentado Cámara.

“Los profesores afectados por la impugnación están siendo objeto de un notorio tratamiento discriminatorio y se están produciendo pronunciamientos dispares para situaciones sustancialmente iguales. Basten como ejemplos que mientras el Gobierno decidió la impugnación de 280 plazas en 2012, el total de las no impugnadas y que estaban en la misma situación alcanza la cifra de 601, pese a regirse por el mismo marco legal”.

Gregorio Cámara también ha denunciado que los afectados han sufrido “un grave prejuicio” en su carrera académica, ya que “los afectados que ya tienen sentencia desfavorable se han visto muy perjudicados en sus carreras académicas, como aquellos que se encuentran en espera de que se dicte”.

Todos ellos se han encontrado prisioneros de sus plazas impugnadas, no pudiendo concurrir a nuevas plazas convocadas por sus universidades, a pesar de la incertidumbre de su situación administrativa y profesional. Plazas que están siendo ocupadas por compañeros acreditados varios años después que ellos”, ha explicado.

La iniciativa aprobada pide que se dé solución a esta “injusticia” situación e insta al Gobierno a que de manera “urgente” se proceda a realizar una evaluación precisa y completa del estado en el que se encuentran las referidas plazas de los cuerpos docentes de Profesor Titular y Catedrático de Universidad convocadas por las universidades con resoluciones adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de los PGE para 2012, y adopte cuantas medidas resulten necesarias para poner fin a esta situación que sufren los profesores afectados.

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