Martes, 24 enero, 2017

PSOE e IU pedirán la comparecencia de Nieto para que aclare la situación de La Azulejera

Consideran que “aspectos oscuros” rodean a esta promoción de viviendas VPO que tiene en vilo a 50 familias

El Portavoz de IU, Puentedura, con propietarios de La Azulejera | Foto: Ángela Gómez
Ángela Gómez @_Angela_GA


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Los dos grupos municipales, IU y PSOE, pedirán por escrito la comparecencia de la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, para que explique la gestión del equipo de Gobierno local en el caso de la promoción de viviendas VPO La Azulejera, que no se construyó.

Alguno de estos vecinos afectados, que hoy han estado presentes en la rueda de prensa ofrecida por IU y PSOE, afirman que han estado más de un año realizando varias peticiones por escrito a Emuvyssa y al Ayuntamiento de Granada para recuperar lo aportado por la Cooperativa para la ejecución de esta obra pública, una vez que supieron que no se iba a ejecutar. Tras un largo periodo de reuniones y exigencia de documentación, les fueron devueltos 300.000 euros pero 240.0000 euros se quedaron retenidos en concepto de licencia.

PIDEN RESPUESTAS

Vanessa García, una de estas vecinas afectadas, critica que únicamente el Ayuntamiento ha movido ficha cuando la Fiscalía abrió diligencias por esta presunta estafa. “No tiene voluntad alguna para colaborar con nosotros para recuperar este dinero y considero que tendrán una responsabilidad subsidiaria”, ha afirmado Vanessa, quien duda de la legalidad de este proyecto.

Según ha informado Vanessa, la Fiscalía sigue con la investigación en marcha y esperan en poco tiempo obtener alguna respuesta.

Los grupos municipales de IU y PSOE también tiene sospechas de que el proyecto no ha sido del todo legal por ello van a pedir que se lleve a cabo un informe jurídico que despeje dudas.

Según ha explicado Miguel Ángel Madrid, concejal socialista, tienen “indicios de negligencia” en esta promoción de viviendas tras indagar y pedir información de este expediente. “Se supone que una vez que uno es adjudicatario de la parcela, dicho comprador tiene un plazo de diez días para documentar las declaraciones juradas. No existe documentación oficial de que este señor (el promotor) estuviese al corriente de temas de la Seguridad Social”, ha dejado caer el socialista Miguel Ángel Madrid. Además, ambos portavoces consideran que el ayuntamiento tendría que haber notado “que algo no iba bien” cuando han sido varias cesiones a empresas (por no tener capacidad) las que se han visto involucradas en este proyecto.

El 14 de septiembre de 2009 y “debido a su incapacidad” para ejecutar las obras, la mercantil “se ve obligada a ceder los derechos de adjudicación a otra entidad cuya propiedad está en manos de la primera”. En la denuncia se expone que esta cesión se hizo sin cumplir supuestamente con los requisitos legales, entre ellos, “tener ejecutado al menos el 20 por ciento del importe del contrato y tener la capacidad y solvencia exigible”.

Esta empresa tampoco contaba con la capacidad necesaria para llevar a cabo el proyecto, lo que propició, según los denunciantes, “que se constituyera a la fuerza en cooperativistas a quienes habían adquirido una vivienda”,  un total de 51 familias que optaban a una VPO en estos terrenos.

Por todo eso, PSOE e IU entienden que el ayuntamiento de Granada, a través de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, debe aclarar qué mecanismos está llevando a cabo el consistorio a la hora de trasladar la documentación requerida por la Fiscalía “ya que la relativa a Emuvyssa estuvo retenida varios meses”, ha apuntado el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Ambas formaciones esperan que el ayuntamiento les devuelva las cantidades retenidas a las víctimas de esta situación “porque no tienen responsabilidad ninguna”, ha matizado Puentedura.

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