Sábado, 16 Diciembre, 2017

            

PSOE andaluz y C’s constituyen la comisión de seguimiento de su acuerdo

PSOE y C's serán los únicos miembros de esta comisión |A la solicitud del PP-A de entrar en la misma, el PSOE ha contestado que para ello tendría que firmar dicho acuerdo programático

Susana Díaz y Juan Marín tras la firma del acuerdo de investidura | Foto: E.P.


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PSOE-A y Ciudadanos (C’s) constituyen esta semana la comisión de seguimiento para el cumplimiento del acuerdo programático que ambas formaciones firmaron el pasado 9 de junio y que llevó a la formación naranja a facilitar con su voto positivo la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en la sesión plenaria celebrada tan solo dos días después, según han confirmado a Europa Press fuentes de las dos organizaciones.

La comisión de seguimiento celebrará, previsiblemente, sus reuniones en el seno del Parlamento andaluz, el mismo lugar donde tuvo lugar la firma de los tres documentos por parte del secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, el coordinador territorial de C’s en Andalucía, Manuel Buzón, y los portavoces parlamentarios de ambos grupos, Mario Jiménez e Irene Rivera, respectivamente.

Asimismo, dicho órgano estará compuesto por distintas mesas en las que se van a concretar fechas y tiempos para cada una de las 72 medidas sobre regeneración democrática, reactivación económica y empleo y cohesión social. El presidente del grupo parlamentario de C’s, Juan Marín, aseguraba este pasado jueves a través de su cuenta de Twitter que su partido ya estaba trabajando en el pacto por la educación, una de las medidas recogidas en el acuerdo.

PSOE-A y C’s serán los únicos componentes de esta comisión, toda vez que el PP-A reclamó que todas las formaciones con representación parlamentaria pudieran formar parte de la misma para vigilar el cumplimiento del acuerdo. Los socialistas respondieron rápidamente al PP-A que si quería formar parte de este órgano debía firmar el acuerdo.

Tanto representantes de PSOE-A como de Ciudadanos, desde el mismo día que firmaron el citado acuerdo, hicieron una invitación al resto de formaciones (PP-A, Podemos e IULV-CA) para que su sumaran al mismo. Si bien, ninguna de ellas lo ha considerado oportuno ni ha dado el paso al considerar insuficientes las medidas recogidas.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA

El paquete de medidas para la regeneración democrática, transparencia y la participación ciudadana contempla, entre otras medidas, la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico, así como la limitación de mandatos de los presidentes de las comunidades autonómicas, aunque no concreta a cuántos años.

Asimismo, dentro de la “necesidad” de una nueva ley electoral, asume que debería hacerse desde la idoneidad de incluir listas abiertas o desbloqueadas, proporcionalidad –el voto de cada ciudadano debe tener el mismo valor–, y reducir de los gastos electorales en un 50 por ciento.

También incluye que los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y vía telemática su estructura y su contabilidad; que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no cobren de sus formaciones, y que hagan pública la declaración de bienes, actividades e intereses y de las declaraciones anuales del IRPF, así como de su cónyuge.

Además, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos, y los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio y el delito será imprescriptible; a la par que deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción.

MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA

En materia económica y para apoyar a autónomos, empresas y pymes, el acuerdo incluye una Ley del Emprendimiento y sendos planes de apoyo al emprendimiento y de actuación para el trabajo autónomo horizonte 2020; además de crear una Entidad Pública de Crédito, y reducir las trabas burocráticas.

Para fomentar el empleo, se aprobará la Ley de formación profesional y se creará una red de Centros de Formación Profesional; un plan excelencia de la Formación Profesional para el Empleo, y que la juventud sea un colectivo “prioritario” para la adopción de medidas específicas en materia de empleo.

Con todo, para reactivar los sectores económicos de Andalucía, aboga por aprobar una la Ley integral de Agricultura; impulsar la Alianza Andaluza por el Turismo; aprobar otro plan de Fomento del Sector de la Construcción; una estrategia energética y otra de Infraestructuras de Telecomunicaciones, así como fomentar la estrategia industrial y minera.

Mientras que sobre incentivos fiscales, las medidas pasan por implementar un plan de lucha contra el fraude fiscal y aprobar un plan específico para aflorar la economía sumergida; una la Ley del Mecenazgo; y reducir entre 2 y 3,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para clases medias y bajas.

COHESIÓN SOCIAL

Entretanto, las medidas relacionadas con la cohesión social, recogen un pacto por la Educación andaluza y un plan para el éxito escolar que contempla contratar a entre 400 y 500 profesores de educación infantil, primaria y secundaria. Durante la presente legislatura, según el texto, se incrementará en 12.000 las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, así como se aprobará un plan de desarrollo de las Lenguas 2015-2020.

También incluye un plan de I+D+i en el que se garantice el aprovechamiento del potencial investigador de las universidades públicas; además de extender el fraccionamiento del pago de las matrículas a ocho plazos y anticipos a los universitarios del dinero de las becas que corresponde abonar al Gobierno de la Nación, y crear de becas para la obtención del B1, vinculadas al nivel de renta.

Para garantizar una sanidad pública de calidad, el acuerdo incluye una Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, un plan para mejorar las Unidades de Urgencias contratando a entre 400 y 500 sanitarios y reducir a 90 días el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica a todos aquellos pacientes que necesiten ser intervenidos por enfermedades cardíacas.

De la misma manera, se va a promover desde Andalucía un Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, que garantice una financiación suficiente y comprometa al Gobierno Central a reponer la financiación estatal al 50 por ciento; e incorporar al sistema a las personas en situación de dependencia moderada, aumentando en un diez por ciento la financiación que Andalucía destina a dependencia.

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