Lunes, 22 de Octubre de 2018

            

Promueven unas cien demandas por el cártel del camión en juzgados de lo Mercantil de todo el país

Han sido presentadas ya demandas en Granada, Barcelona, La Coruña o Pontevedra, entre otras provincias | Es la primera acción coordinada en estos términos en el ámbito nacional y la ha promovido Hispajuris

Un camión de MAN, una de las empresas a la que la Comisión Europea sancionó
EP


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Un grupo de despachos de abogados ha promovido en los últimos días unas cien demandas en los juzgados de lo Mercantil de todo el país contra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por la Unión Europea por pactar un sobreprecio a sus vehículos.

Son las primeras de las alrededor de 20.000 que se prevé presenten, en representación de los camioneros que podrían haber resultado afectados por la repercusión de las prácticas del conocido como cártel europeo de camiones en los precios que pagaron por sus vehículos, según ha explicado a Europa Press el abogado granadino Javier López y García de la Serrana, que ha coordinado unas acciones con las que “se pretende conocer la posición que adoptan” el centenar de juzgados de lo Mercantil españoles ante estas reclamaciones.

Es la primera acción coordinada en estos términos en el ámbito nacional, según ha indicado López y García de la Serrana, presidente de la firma que la ha promovido, Hispajuris, con una red territorial integrada por 36 despachos asociados en toda España.

Han sido presentadas ya demandas en Granada, Barcelona, La Coruña, Lugo, Orense o Pontevedra, entre otras provincias, sobre la base de que, el 19 de julio de 2016, la Comisión Europea hiciera público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, “una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones”.

Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF, por “infringir” el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia.

Según Javier López y García de la Serrana, “la presentación de estas demandas supone un primer paso, de ahí que hayan sido un centenar pues coincide con el número de juzgados de lo Mercantil que hay en España.

 “La firma Hispajuris representa los intereses de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones tuvo lugar (1997-2011), de modo, que tras el esfuerzo invertido en la preparación de esta complicada demanda”, confía en “obtener un resultado positivo que permita resarcir de este daño a los miles de afectados de toda España”, ha agregado el letrado granadino.

Las demandas, que van traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco según el fabricante demandado, se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel a través de varios métodos comparativos –comparación diacrónica, con otros mercados geográficos y con datos de otros mercados de productos– y de simulación –con métodos de simulación, basados en costes y financieros–.

El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Bergé Gil.

En este sentido, hay que destacar la labor de estudio e investigación realizada por los despachos HispaColex y Aesyr & Abogados, ambos socios de Hispajuris en Granada/Málaga y Santander, que “son los artífices del estudio y confección de la demanda, en colaboración con el resto de despachos” de la firma.

200.000 AFECTADOS

La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF) ya mostró su intención hace algo más de un año de demandar a los cinco fabricantes de vehículos industriales que fueron sancionados por la Comisión Europea por pactar precios, un caso que puede afectar a 200.000 personas en España.

Así, más de 200.000 españoles titulares de camiones podrían tener derecho a indemnización por el sobreprecio pagado entre 1997 y 2011.
A mediados del pasado ejercicio, la Comisión Europea anunció una multa de 2.930 millones de euros contra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF por “haber pactado los precios de venta de vehículos y de haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones”.

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