Viernes, 20 Octubre, 2017

            

Promotor ve en el caso del Palacio de Hielo “el engaño del tocomocho” y dice que fue “coaccionado”

Al final de su interrogatorio es expulsado por el presidente de la Sala por excederse en la contestación de sus preguntas

E.P


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El promotor José Julián Romero, acusado de un delito de prevaricación en la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo, ha afirmado este jueves que firmó el convenio “coaccionado” por el Ayuntamiento de Granada y que todo fue producto de un engaño como el del “tocomocho”.

En la segunda sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, Romero se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a siete procesados más, que, como él, se enfrentan a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación.

Se trata del que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, el también promotor Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.

Los hechos, que fueron denunciados en su día por Fiscalía, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.

Según ha indicado Romero, durante la firma de ese convenio él fue “consciente” de que compraba unos terrenos de 17.000 metros cuadrados por siete millones de euros, y no de “37.000”, como “fabricó”, a su entender, el Ayuntamiento. De hecho, ha explicado que antes de esa firma mantuvo una reunión con García Royo y Lorente “bastante desagradable y violenta” de la que acabó marchándose, porque el Ayuntamiento le reclamaba mucho más de lo que él estaba dispuesto a pagar, concretamente 12 millones de euros. Sin embargo, las negociaciones finalmente terminaron con que la cantidad a pagar fuera la de 7 millones.

“EMPEZARON A APARECER MILAGROS”

El promotor, que ha reconocido que no tiene “ni idea” de urbanismo, ha dicho que fue en el plan de reparcelación donde “se fabricó” la edificabilidad y “empezaron a aparecer milagros”. Además, ha afirmado que el convenio se firmó justo un día antes de que se aprobara el plan parcial, lo que el Ayuntamiento usó para “imponerle” la firma. “O firmas o no tienes el plan parcial aprobado”, asegura que le dijeron.

De hecho, ha afirmado que una de las consecuencias de todo este proceso es que le han “embargado” todos sus bienes y que su empresa, JJ Consulting, ya ha “desaparecido”, y que el objetivo de cambiar el proyecto fue para cobrarle más y llevarle “a la ruina”. “Lo que me habían vendido –el proyecto de Palacio de Hielo– no se podía construir”, ha mantenido el promotor, que afirma que reclamó en 2010 cuando le llegaron los apremios y le embargaron “hasta las zapatillas de deporte”.

El imputado, que fue el que inicialmente denunció estos hechos con los que la Fiscalía abrió una investigación que ha dado pie a este juicio, ha defendido su actuación y se ha preguntado cómo ha podido prevaricar si fue precisamente el que llevó el asunto a los tribunales: “¿Cómo puedo prevaricar si desde el primer día fui el que denunció todo esto?”.

Al final de su interrogatorio, que ha cerrado la sesión de este jueves pese a que estaban citados dos testigos más, el presidente de la Sala, que ya había advertido al promotor de que se excedía en las respuestas a la Fiscalía y a los distintos letrados, ha decidido finalmente expulsarlo de la Sala, ante lo que él se ha tenido que levantar y abandonarla aunque ha pedido “perdón” al tribunal por su “efusividad”, ya que él sólo pretendía aclarar el asunto, según ha manifestado.

TESTIMONIO DEL RESTO DE ACUSADOS

Antes que él han comparecido otros cuatro imputados más. El primero ha sido el que fuera jefe de Servicio de Gestión y Patrimonio del Ayuntamiento, Emilio M.H., que ha declarado en la línea de lo que le hicieron este miércoles tanto el que ostentó el mismo cargo desde septiembre de 2006, Luis P.C., como García Royo o Lorente.

Ha defendido la legalidad del procedimiento, si bien ha admitido que se debía haber notificado al Ministerio de Fomento, como propietario de una de las fincas afectadas, el proceso urbanístico, si bien ello se subsanó en abril de 2007, un extremo que también ha ratificado el vicesecretario del Ayuntamiento, también acusado.

Entonces, desde ese momento el Estado podría haber recurrido el plan parcial “y no lo hizo”. Además, según ha dicho el técnico, el asunto del exceso de los aprovechamientos no fue algo que se discutió en la firma del convenio.

Por su parte, el promotor Miguel Rodríguez Acosta ha señalado que desconocía que había una finca que fuera propiedad de Fomento, lo que fue una “sorpresa” para él, y que no fue consciente del asunto de los excesos de los aprovechamientos en el momento de la firma del convenio.

“No me pareció nada raro”, ha mantenido el acusado, que ha dicho que ello sólo provocó que tuvieran que pagar más, a lo que él, según ha resaltado, no le ve el “beneficio”. Además, según ha sostenido, a los promotores no les hacía falta una mayor edificabilidad, pues proyectaban construir un centro comercial que no requería “cinco plantas”.

Finalmente, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, ha defendido igualmente la limpieza de la operación, y ha señalado que la finca de Fomento era “invisible”, ya que no tenía límites ni físicos, ni catastrales, ni registrales, por lo que no fue hasta que un estudio topográfico contratado ‘ad hoc’ superpuso las actas de expropiación de los años ochenta, que recopilaron en el Ministerio, cuando se percataron de que eran de la administración central cerca de 6.000 metros, por lo que se instó al Ayuntamiento a que los inscribiera en el registro de la propiedad, como así se hizo.

El juicio continuará el lunes, día 12, con las declaraciones de los testigos, entre ellos el que fuera concejal de Urbanismo en el gobierno anterior (PSOE-IU-PA), Francisco Ruiz Dávila. Las sesiones está previsto que concluyan el día 15, cuando previsiblemente las partes expondrán sus conclusiones e informes y el juicio quedará visto para sentencia.

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