Jueves, 14 Diciembre, 2017

            

PP amplía su denuncia contra Bueno (PSOE) por posible prevaricación en la contratación de personal

Según tres informes del interventor municipal, las irregularidades han continuado en los tres primeros meses del año de 2014

E.P


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El PP ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe (Granada), que investiga al alcalde de la localidad, el socialista Sergio Bueno, por un posible delito continuado de prevaricación en la contratación temporal de cerca de 200 personas sin expediente y contra el criterio impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, un escrito de ampliación a la denuncia que ha dado lugar a la causa judicial, abierta a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el regidor, “siguiendo un plan preconcebido” realizó, al menos durante los dos primeros meses del año 2012, esa serie de contratos temporales, pese a que la Subdelegación del Gobierno en Granada le alertó de que podía vulnerar el decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público (que impedía la contratación temporal), y de que la Secretaría General del Ayuntamiento había emitido un informe en el que advertía de que esa contratación no podía llevarse a cabo.

Sin embargo, los ‘populares’, personados en este asunto como acusación particular, sostienen en su ampliación de denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que las contrataciones presuntamente irregulares “no solo se han llevado a cabo en el ejercicio 2012, sino que se han seguido realizando durante el ejercicio 2013 y hasta el mes de marzo de 2014”.

Para acreditar sus afirmaciones, en el documento presentado ante el juez, adjuntan el acta de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Fe de fecha 16 de julio de 2013, en la cual, en el apartado relacionado con las ‘Nóminas de 2013’ aparece un informe del interventor municipal en el que pone de manifiesto una serie de irregularidades, puesto que, según alerta el técnico, no se estaba dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 17/2012 de presupuesto generales del Estado para el año 2013, que establecía que durante ese año no se procedería “a la contratación de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales”.

En el mismo sentido, en enero de 2014 el interventor vuelve a alertar al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de que esa limitación también se debía cumplir en 2014, y también hace la misma advertencia al mes siguiente, e incluso en marzo.

Sin embargo, y según indica el PP en su ampliación de denuncia, pese a los tres informes de intervención, tanto el alcalde como el concejal de Hacienda, José María Aponte, “han procedido a aprobar los gastos correspondientes a las nóminas de los meses de enero a marzo lo cual “supone un grave quebranto para las arcas municipales, pues dicha contratación de personal, es tan ilegal como la denunciada por el Ministerio Fiscal, pues estamos ante exactamente los mismos hechos punibles”.

Por todo, los ‘populares’ reclaman al juzgado que acepte la ampliación a la denuncia de la Fiscalía y que, como diligencia de investigación, requiera al Ayuntamiento de Santa Fe, para que le remita copia íntegra autentificada de los informes del interventor, relativos a cada una de las actas de la junta de gobierno local donde mensualmente se aprobaban el pago de las níminas, desde enero a diciembre de 2.011, enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y hasta el mes de abril de 2014, y que por el Área de Intervención “se proceda a cuantificar las nóminas pagadas fuera de plantilla, aprobada por el Pleno, así como anexo de personal del Ayuntamiento desde enero de 2011 a diciembre de 2013”.

Además, instan al Juzgado a que pida a la tesorera del Ayuntamiento que emita informe indicando si los pagos de las nóminas de cada mensualidad, en los periodos de tiempo solicitados, se han realizado con conocimiento de los reparos que constan en el informe del Interventor, emitido en cada uno de los puntos de las actas de Junta de Gobierno Local, por las que mensuales, se aprobaban el pago de las nóminas, según consta en el documento, de fecha 8 de marzo de 2014.

EL ALCALDE TENDRÁ QUE DECLARAR COMO IMPUTADO

Por este asunto tenía que declarar como imputado el alcalde de Santa Fe el pasado 4 de abril, si bien su comparecencia fue aplazada ‘sine die’ porque el Ayuntamiento de Santa Fe no había remitido la documentación que el juzgado le había requerido sobre el asunto de la contratación temporal, que es “indispensable” para el conocimiento de los hechos, según hizo constar la juez en un auto.

La juez pidió que la secretaria municipal aportase a la causa la relación de trabajadores contratados temporalmente entre los meses de enero y febrero de 2012, y sus contratos, además de información sobre el procedimiento seguido para su contratación, especialmente si se han cumplido los criterios necesarios de publicidad e igualdad.

Por ello, solicitaba también el expediente en el que figuren los datos económicos, familiares, sociales “o de cualquier otra índole” que hayan justificado la elección de esa persona “y no de otra” para su contratación; que se informe de si esas contrataciones cumplieron los requisitos del decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público; y el decreto que ha amparado esas contrataciones.

La apertura de diligencias se produjo después de que la Fiscalía interpusiera querella criminal contra Bueno por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación.

Todas las contrataciones objeto de investigación, en el marco de un plan social de empleabilidad y lucha contra la crisis aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2011 –la misma fecha del decreto del Gobierno–, se hicieron, según el fiscal, “sin la tramitación del correspondiente expediente” que acreditara la excepcionalidad de la contratación para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como establecía el decreto ley del Gobierno.

También se hicieron con “ausencia de todo tipo de expediente instruido al efecto en el área de Servicios Sociales” en el que se hiciera constar los datos económicos, familiares, sociales o de cualquier otra índole de las personas contratadas.

No obstante, “presuponiendo” que se contratasen personas con riesgo de exclusión social, como así aseguró el alcalde, “se desconoce si en la contratación se han cumplido los principios de publicidad e igualdad” exigidos en este caso. Además, esas contrataciones no se financiaron con cargo al presupuesto de gastos, que las habría permitido, y tuvieron informe desfavorable del técnico de Administración General, o sin su dictamen.

Estos hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación porque, según el Ministerio Público, existen indicios de que el alcalde actuó “a sabiendas de la injusticia” que estaba cometiendo, en un decreto firmado por la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, con fecha 10 de octubre del pasado año.

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