Piden penas de hasta 5 años de cárcel para 14 acusados de blanquear dinero procedente de la droga

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre 15 meses y cinco años de prisión para un total de 14 acusados, uno de ellos trabajador de una gestoría inmobiliaria y otro asesor fiscal, por presuntamente blanquear dinero procedente de la venta de droga en la barriada de Huerta Carrasco, en Motril (Granada), hechos por los que serán juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada del 13 al 16 de enero próximos.

La considerada 'cabecilla' del clan es Dolores A.T., de 43 años, y anteriormente condenada por tráfico de drogas, para la que el Ministerio Público reclama cinco años de prisión y multa de 700.000 euros por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

En la causa también están presuntamente implicados amigos y familiares más cercanos, entre ellos su padre, sus hermanos, o su cuñado, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de 200.000 euros. Para el trabajador de la gestora y el asesor, el fiscal pide 15 meses de prisión y multas de hasta 87.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en el año 2010 y fruto de la investigación realizada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Motril para persecución y represión de actividades de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes en la costa granadina se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas que de manera más o menos organizada se dedicaban a la venta de sustancias psicotrópicas, principalmente cocaína y heroína, en la barriada conocida como Huerta de Carrasco de esa ciudad.

La investigación se centró inicialmente en la actividad de tráfico de drogas, y en Dolores y sus familiares y allegados, pero "pronto" se puso de manifiesto que operaban desde muchos años atrás y que habían obtenido elevadas ganancias por ellos, especialmente la principal acusada, que, ayudada de sus parientes, se encontraba al frente del entramado, después de que su marido ingresara en prisión por un delito contra la salud pública.

Tras las indagaciones policiales y judiciales, no sólo se pusieron de manifiesto las frecuentes operaciones de tráfico y el 'modus operandi' que los acusados utilizaban en la negociación y venta de droga, sino también su importante repercusión en el patrimonio de los inculpados, quienes, con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de tales ganancias, efectuaron desembolsos de grandes cantidades de suma de dinero, y con adquisiciones de vehículos, bienes inmuebles, joyas, muebles o "suntuosos elementos decorativos", cuando sus ingresos no eran compatibles con esos gastos.

De hecho, en el caso de Dolores, la Policía y Vigilancia Aduanera constataron que desde el año 2004 el año 2010 la procesada, que contó en ese periodo con unos ingresos totales de 5238 euros, dispuso de la cantidad de 607.345, que empleó en la compra de mobiliario, fincas rústicas --algunas en nombre de un testaferro-- o varios vehículos.

En algunas de las operaciones inmobiliarias, concretamente en una para poner a nombre de otra persona una de las fincas adquiridas, participó un trabajador de la gestora JLA Consultores, otro de los procesados, que preparó la documentación y asesoró a las partes, y en otra, por la que la procesada se compró un piso y lo puso a nombre de su padre, contó con la connivencia de un asesor fiscal de la Asesoría Sáez y Robles, pese a conocer la situación.

También los familiares de Dolores hicieron las mismas operaciones, y compraron muebles, fincas o vehículos, poniéndolos incluso a personas que no tenían carnet de conducir, pese a que sus ingresos eran muy inferiores a sus gastos.