Martes, 17 Julio, 2018

            

Piden el cese del consejero madrileño de Justicia por intervenir Juana Rivas en una mesa redonda

El acto ha provocado el "malestar" de gran parte de los procuradores de Madrid ya que la madre de Maracena está acusada de dos delitos de sustracción de menores

Juana Rivas a su salida de los juzgados | Foto: Archivo GD
E.P.


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La Asociación Europea de Abogados de Familia ha solicitado el cese “inmediato” del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la dimisión del decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego Quevedo, “por permitir que una imputada por sustracción de menores haga apología del delito”, con motivo de la intervención de Juana Rivas en una mesa redonda.

Dicho evento, según ha explicado el colectivo en una nota, tuvo lugar el pasado 25 de enero de 2018, cuando el Colegio de Procuradores de Madrid celebró el II Debate sobre los Derechos del Menor, Violencia de Género y Delitos de Odio, e invitó a Rivas a participar en la mesa redonda ‘Los menores en el pacto de violencia y Juana Rivas, su versión’, haciéndolo en compañía de María Granizo Palomeque, vocal octava de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid; Francisca Granados, “autotitulada ‘asesora legal’ de Juana Rivas; y la diputada socialista Ángeles Álvarez, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Tal acto ha provocado el “malestar” de gran parte de los procuradores de Madrid, “pues es un auténtico despropósito presentar a Juana Rivas, acusada de dos delitos de sustracción de menores, como modelo de madre y como ejemplo de la garantía de los derechos de los niños”.

Igualmente, en referencia a Francisca Granados, “es necesario recordar que lleva meses presentándose impropiamente como asesora legal de Juana Rivas y fue tanto el escándalo que causó en la opinión pública su desacertado asesoramiento que en agosto pasado tuvo que intervenir el Consejo General de la Abogacía para informar de que no ostenta por tanto la condición de letrada, por lo que no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía”.

A pesar de todo esto, el Colegio de Procuradores de Madrid “no dudó en invitar a estas dos mujeres, trasladando así a la opinión pública la idea de que la ciudadanía debe tomarse la justicia por su mano y no está obligada a cumplir las resoluciones judiciales, y trasladando igualmente la idea de que se pueden hacer las funciones de asesora legal sin estar debidamente colegiada, haciendo así un flaco favor a los abogados”.

“Es triste, por demás, que este acto se haya celebrado en el Salón de Actos de la Oficina de Cultura y Turismo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues muestra la poca sensibilidad que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid con los derechos de los niños y con el cumplimiento de la ley y las resoluciones judiciales”, subraya.

“AQUELARRES DE GÉNERO”
La asociación entiende que la actitud “más digna” por parte del decano del Colegio de Procuradores de Madrid es presentar su dimisión, criticando que “una institución de tanto prestigio acabe amparando a este tipo de personas que pretenden justificar la desobediencia y que esparcen soflamas políticas para justificar la crianza de los niños alejados de sus progenitores varones, y todo ello contraviniendo nuestra propia legislación y lo acordado por organismos internacionales de los que somos parte”.

El caso de Juana Rivas “se nos ha querido vender como una guerra de sexos entre la madre (mujer) y el padre (hombre), cuando en el fondo lo que ha habido es una guerra emprendida por la madre contra el derecho de sus hijos a tener contacto con sus dos progenitores, pues olvidan que la víctima legal del delito de sustracción no es el marido, sino los dos hijos menores a los que Juana Rivas retuvo en España en contra de lo establecido en cinco sentencias”.

Del mismo modo, la Asociación Europea de Abogados de Familia solicita el cese inmediato del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid por “ceder sus instalaciones a estos aquelarres de género que difunden consignas políticas contrarias a nuestro derecho”.

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