Viernes, 28 Julio, 2017

            

Piden cárcel y multas millonarias para 17 acusados de introducir alijos de hachís en la costa

A los procesados, de entre 24 y 51 años, se les atribuyen delitos contra la salud pública por los que serán juzgados el 20 y el 30 de mayo,

Foto: Archivo GD
E.P


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La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre cuatro y seis años de prisión y multas de cinco millones de euros para un total de 17 acusados de introducir alijos de hachís desde Marruecos en la costa granadina para su posterior distribución a terceras personas.

A los procesados, de entre 24 y 51 años, se les atribuyen delitos contra la salud pública por los que serán juzgados el 20 y el 30 de mayo, y los días 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de junio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el mes de octubre de 2014 se iniciaron los contactos entre los principales jefes de la organización, David G.M., de 33 años, y Rachid Z., de nacionalidad marroquí y 49 años.

Este último, desde Marruecos, actuaba como intermediario con el proveedor de la droga, que no ha sido identificado, y suministró 96.000 al otro cabecilla para realizar los gastos necesarios para planificar la entrada de las sustancias, tales como la compra de embarcación para el transporte, vehículo y remolque para cargarlas y el alquiler de una casa cercana a la playa donde almacenarlas hasta su traslado.

Así, David G.M., acompañado de otros acusados, alquiló un barco, un chalet en Salobreña, y compró por Internet en Almería un todoterreno, además de un remolque con capacidad de carga de 750 kilos. También concertó con otros dos inculpados que se encargaran de las labores de descarga y transporte de la carga y celebró una reunión para planificar el alijo de droga el 30 de octubre en un restaurante de Purullena, a la que asistió el otro jefe, Rachid Z.

La operación para el desembarco de uno de los alijos se inició el 14 de noviembre a las 20,30 horas, y desde el chalet alquilado algunos de los acusados se dirigieron a pie ya de madrugada, a las 3,40 horas del día 15, a la playa de El Barranco de El Cambrón. Allí llevaron el todoterreno para la descarga de la droga y su traslado al chalet. Sobre las 6,30 horas, a bordo de varios vehículos, los acusados volvieron a sus domicilios de Granada.

Dado que se esperaba la introducción de un nuevo alijo ese mismo día, la Guardia Civil mantuvo un servicio de vigilancia, y logró interceptar una furgoneta de los acusados con 33 fardos de hachís en su interior, y además intervino en el chalet alquilado por la banda, donde halló a uno de los procesados con otros 41 fardos.

El dispositivo para el desembarco de este segundo aligo se puso en marcha sobre las 22,00 horas del día 15, cuando algunos de los inculpados se reunieron en una gasolinera de Armilla para partir desde allí con sus vehículos hacia la costa. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil los interceptaron, incluso a una de las acusadas que se intentó dar a la fuga cuando le dieron el alto.

Según el fiscal, los 74 fardos intervenidos contenían más de una tonelada de peso bruto de resina de cannabis, que habría alcanzado el precio de más de 3,5 millones de euros en el mercado ilícito. La Guardia Civil registró además los domicilios de los dos cabecillas, uno en Benalmádena (Málaga) y otro en Cogollos Vega (Granada).

En el primero, propiedad de Rachid Z., los guardias civiles encontraron 20.000 euros en metálico en el interior de la campana extractora, así como cuatro tabletas de hachís con un peso de 329 gramos en el interior del cubo de basura. En el segundo domicilio registrado, de David G.M., hallaron una pieza de resina de hachís con un logotipo de hoja verde, diversos recortes de prensa relacionados con alijos de hachís y 310 euros en metálico.

La Fiscalía pide para los dos líderes de la banda y dos acusados más seis años de prisión y cinco millones de euros de multa, mientras que para los trece restantes reclama la misma multa pero cuatro años de prisión, en los dos casos por un delito contra la salud pública.

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