Jueves, 25 Mayo, 2017

Piden cárcel para un arquitecto municipal por avalar apartamentos sin luz ni agua

"Guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito", el acusado ocultó las deficiencias a los adquirientes y procedió a la venta y posterior entrega de 44 viviendas durante el año 2005.

Foto: Archivo GD


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La Fiscalía de Granada ha solicitado un año y medio de prisión e inhabilitación por nueve años al arquitecto municipal de Alpujarra de la Sierra (Granada) por presuntamente avalar con su informe una promoción de apartamentos turísticos en la localidad pese a carecer de los servicios básicos de suministro ordinario de agua y luz.

En el caso también está acusado el representante legal de la empresa promotora, Pedro F.A., al que el fiscal reclama cuatro años de prisión y multa de 9.900 euros por un posible delito de estafa. El arquitecto, José A.T.M., y el promotor serán juzgados los días 21, 22 y 23 de abril en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el representante legal de la empresa promotora, Proturex S.L, durante el año 2003 promovió la construcción de un complejo de apartamentos turísticos en la localidad de Alpujarra de la Sierra “con perfecto conocimiento de que las viviendas edificadas carecían de los servicios básicos de suministro ordinario de agua y luz que impedían que los inmuebles pudieran destinarse al fin convenido.

“Guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito”, el acusado ocultó las deficiencias a los adquirientes y procedió a la venta y posterior entrega de 44 viviendas durante el año 2005.

Por parte del exalcalde de la localidad, Manuel Martín Rodríguez, se concedió licencia de primera ocupación para las viviendas al amparo del informe realizado por el arquitecto municipal, el también procesado, quien mediante escrito de fecha 14 de abril de 2005 informó de forma favorable la concesión de la citada licencia “con perfecto conocimiento de que los apartamentos no disponían de los elementos necesarios para habilitarse al uso pretendido y que los suministros de agua y energía eléctrica no se encontraban en condiciones de funcionamiento”.

Contravino así, según el fiscal, la legislación vigente y facilitó de esta manera la defraudación al otorgar “apariencia de legalidad” a los apartamentos enajenados.

La realización de las obras de instalación de la red eléctrica de baja tensión fueron finalmente realizadas y costeadas por los propietarios perjudicados en el año 2008 con un coste total de 43.358, y como consecuencia de los hechos, los siete perjudicados y la comunidad de propietarios de El olivo, de la calle Santa María de el Golco, han sufrido un detrimento patrimonial pericialmente valorado en su conjunto en la cantidad de 197.070 euros.

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