Jueves, 19 enero, 2017

Piden cárcel e inhabilitación para el exalcalde de La Puebla por prevaricación urbanística

Asimismo, también están acusados un promotor y un arquitecto implicados, a los que el fiscal les atribuye un delito continuado contra la ordenación del territorio, por el que se enfrentan a tres años de cárcel y otros tres de inhabilitación

Agencia


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La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público para el que fuera alcalde de La Puebla de Don Fadrique, el socialista Jesús Amurrio, y el arquitecto técnico municipal en el Ayuntamiento, por un posible delito de prevaricación urbanística por una operación que avaló la construcción de viviendas en suelo de especial protección de la localidad.

Asimismo, también están acusados un promotor y un arquitecto implicados, a los que el fiscal les atribuye un delito continuado contra la ordenación del territorio, por el que se enfrentan a tres años de cárcel y otros tres de inhabilitación. Los cuatro serán juzgados los días 18 y 19 de febrero próximos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, entre los años 2004 y 2008 el acusado José L.C.M., en su condición de promotor y constructor, contando con la dirección técnica del arquitecto también inculpado Carlos E.P.S., construyeron cuatro viviendas unifamiliares en el Paraje Las Huertas, en La Puebla de Don Fadrique.

La parcela estaba dividida en tres subparcelas, dos de las cuales ocuparon las viviendas, una con consideración de suelo no urbanizable de especial protección y otra de suelo de especial protección rural y lugar de interés comunitario.

En relación a las viviendas edificadas en una de las subparcelas, José L.C.M. interesó al Ayuntamiento de la localidad la aprobación de un proyecto de actuación redactado por el arquitecto procesado, para la construcción de seis edificaciones que serían destinadas a alojamiento rural, lo que dio lugar a un expediente administrativo que contó con el visto bueno del también acusado Antonio T.T., quien, en su condición de arquitecto municipal, emitió informe favorable el 26 de enero de 2004, en atención a la utilidad pública e interés social de la ubicación de los inmuebles.

No obstante, el 2 de junio de 2004 el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emitió un informe desfavorable contra ese expdiente, por considerar que las condiciones de uso limitaban “la superficie construida para viviendas de 150 metros construidas”, que deberían distar 100 metros como mínimo, con lo que existía “peligro de formación” de núcleos urbanos.

Asimismo, la secretaria interventora del Ayuntamiento de La Puebla, el 20 de julio de 2004, también emitió un informe jurídico en igual sentido, estimando que la propuesta de resolución de aprobación del proyecto de actuación presentado no se ajustaba a derecho.

Pese a ello, el 23 de julio de 2004, el entonces alcalde de la localidad, Jesús Amurrio (PSOE), desvirtuó, en sesión extraordinaria del pleno municipal, el informe de la Consejería, aludiendo a la “necesidad de adaptar” el proyecto de actuación a una serie de condicionantes, para lograr su aprobación definitiva “conculcando la legalidad urbanística”, según el fiscal.

Así, en fecha 13 de octubre de 2004, el promotor presentó solicitud para la concesión de licencia de obras para la construcción de tres casas rurales, y la logró, por decreto del alcalde, el 4 de noviembre de 2004, en base al proyecto básico y de ejecución elaborado por el arquitecto Carlos P.S, (sin respetar la separación de viviendas ni modificar su extensión), y previo informe favorable del arquitecto técnico municipal.

Ya el 12 de noviembre de 2007, José L.C.M. interesó la concesión de prórroga de la licencia de obras concedida hacía tres años, lo que Amurrió resolvió mediante decreto, el 27 de noviembre de ese mismo año, con l visto bueno del arquitecto técnico municipal, pese a la oposición, de nuevo, de la secretaria del Ayuntamiento.

Según la Fiscalía, la licencia de obras concedida en 2004 no se ajusta a derecho, teniendo en cuenta que las objeciones observadas por la Junta no eran “condiciones subsanables”, sino “determinaciones contrarias a derecho”. Así las tres viviendas construidas en una de las subparcelas “no son legalizables” en cuanto que el proyecto de actuación “no debió ser aprobado ni concedida licencia de obras”. Además, no se trata de un complejo rural, sino que son viviendas unifamliares aisladas.

 

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