Piden 6 años de cárcel para un abogado acusado de estafar a una mujer con el convenio de divorcio

La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de seis años de prisión y multa de 9.720 euros para dos hombres, uno de ellos un abogado colegiado, acusados de estafar a una mujer en la elaboración del convenio regulador de su divorcio, que le llevó a quedarse sin la mitad de la casa que le correspondía y sin pensión compensatoria.

Se trata de los identificados con las iniciales N.C.M., de 51 años, que se enfrenta además a inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de letrado, y F.C.R., de la misma edad, que serán enjuiciados por estos hechos el próximo 5 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el mes de mayo de 2009, los inculpados, puestos de común de acuerdo y actuando N.C.M. en su condición de abogado colegiado, procedieron a redactar un convenio regulador de divorcio respecto a F.C.R. y su entonces mujer, que se habían casado en 1981 y que habían tenido dos hijos.

Durante ese tiempo, la mujer se había encargado de los hijos exclusivamente, "sin haberse procurado la formación académica ni haber desarrollado actividad alguna", y ello pese a que los ingresos de la explotación agraria que desarrollaba su marido figuraran, por motivos fiscales, a nombre de su esposa.

En el convenio, los acusados hicieron constar que el divorcio no ocasionaba desequilibrio económico alguno de los cónyuges que implicara un empeoramiento de su situación anterior, acordando no estipular pensión compensatoria alguna a favor de la mujer, señalando que percibía los ingresos de la explotación, lo que era "incierto".

Asimismo, incluyeron en el convenio como único bien ganancial la vivienda que había constituido el domicilio familiar, en Motril (Granada), con un valor de 120.000 euros, cuando su tasación pericial asciende a 170.000. Además, la vivienda, los enseres y ajuar se lo adjudicaron al marido, que junto con el abogado también trasladó al convenio que tanto él como la mujer reconocían no adeudarse cantidad alguna, renunciando a reclamar.

Una vez redactado el documento, bajo la dirección letrada del inculpado N.C.M., fue trasladado por F.C.R. a su mujer para su firma, diciéndole que eran los papeles del divorcio. Esa firma fue realizada por la mujer "apresuradamente", ya que el que había sido su marido le pasó las páginas para que lo hiciera de forma "inmediata".

Posteriormente, el convenio fue presentado en el juzgado para su homologación, acto al que acudieron los dos acusados, sin que en el momento de la ratificación ninguno de ellos advirtiera a la mujer de la renuncia de derechos económicos que estaba realizando, y el escrito fue después aprobado en sentencia.

A consecuencia de la actuación de los procesados, la víctima ha sido despojada de la mitad del valor que le correspondía respecto de la vivienda familiar, y se ha quedado sin pensión compensatoria pese a carecer de trabajo, de ingresos y de formación académica.