Viernes, 20 Octubre, 2017

            

Nueva concentración de los trabajadores del Registro Civil tras reunirse con el ministro de Justicia

Si bien esta reunión no acerca posturas, pone encima de la mesa la cuestión de los "costes arancelarios" que acarrearía la gestión del Registro Civil por el cuerpo de Registradores de la Propiedad

Concentración de este jueves de la marea amarilla frente al Registro Civil de Caleta


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Los trabajadores del Registro Civil de Granada han vuelto esta mañana a las movilizaciones a las puertas de sus dependencias de Caleta. Una marea amarilla, cada vez más numerosa, sigue insistiendo en sus reivindicaciones y denunciando la “privatización” del Registro Civil que a su juicio pretende el Ministerio de Justicia. El sindicato STAJ, cuya representación hoy ha estado encabezada por su coordinador andaluz, Nicolás Núñez, se reunía el pasado martes con el Ministro Rafael Catalá para intercambiar impresiones en torno a las reformas legislativas que el ejecutivo está impulsando, si bien estuvo centrada en el proyecto de traspaso del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

COSTES ARANCELARIOS

Aunque de la reunión no se pueda extraer acuerdo alguno, hubo una novedad y es que, según el propio sindicato, el ministro “insiste también en que los trámites propios del Registro Civil seguirán siendo gratuitos, si bien reconoce que existen otros trámites ‘nuevos’ por los que los Registradores cobrarán arancel”. Dichos aranceles vendrían a sufragar los gastos derivados de la asunción del Registro Civil por parte de este cuerpo de funcionarios, a saber, nuevas oficinas, personal e infraestructuras. Según Javier Toro, representante sindical, “el texto habla de que a los propios registradores les dejan margen para poder aumentar y modificar las sedes de los registros de la propiedad para acometer este ‘nuevo servicio’. Evidentemente alguien tiene que sufragar el coste tanto de esas obras como de ese personal”. 

Este ‘reconocimiento’ del coste habría sido fruto de la insistencia del sindicato en saber qué pasará con los actos registrales que surgen de forma paralela a los llamados obligatorios -gratuítos-, como el cambio de apellidos de un niño, obligatoriamente inscrito. Es ahí donde según Toro, “ellos siguen sin decir ni mu, y es donde venimos insistiendo que va a venir el coste”. Igualmente alerta de actos que hasta ahora no venían reflejados e “incluso que se han buscado ex-novo, como las inscripciones de asociaciones de vecinos o comunidades de propietarios. Cosas que en los trámites normales no se venía cobrando por ello, no siguen diciendo que no.” Una brecha de la que “nosotros venimos mucho tiempo diciendo que ahí es donde está la trampa”.

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