No es serio este cementerio

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Imagen de archivo del cementerio municipal de Granada
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Los seis afortunados que disfrutaron de una nómina de alta dirección en Emucesa tal vez se perdieron en el entramado de calles del Realejo o bien se extasiaron subiendo por el bosque de la Alhambra y hasta es posible que se atascasen en alguna de las rotondas de la Circunvalación y aún vagan en el extravío tratando de recuperar el sentido exacto que les devuelva a la ruta de los nuevos accesos al cementerio, donde un día recalarán en su puesto de trabajo y rendirán como el más productivo de los empleados.

Pero lo cierto, a fecha de hoy, es que tres días después de trascender el informe de Emucesa, según el cual hemos sabido por 'Ideal' que la empresa municipal contrató a seis personas cercanas al PP sin que se conozca aún cuál fue el fruto de sus cometidos laborales, a los populares granadinos no se les ha ocurrido mejor argumentario que ese catálogo multiusos que tienen los partidos y que apela al ventilador y termina en el "y tú, más" con el que parece que calman conciencias internas.

Ocurre, sin embargo, que no es a la oposición a la que tienen que dar explicaciones, sino a los ciudadanos, a los granadinos en general y muy especialmente a esos 16.000 que en los primeros meses de 2016 recibieron una carta conminatoria: o pago o desalojo de tumbas y nichos. Y uno se pone en el lugar de aquellos dieciséis millares de granadinos e imagina la cara de estupefacción que les habrá quedado: por un lado, Emucesa -ese año, ya sociedad mixta por la entrada de un socio privado- tratando de mejorar sus cuentas, mientras en nómina figuraban o habían figurado seis personas que no dejaron huella documental ni fisica en la sede de la empresa.

Ocurrió a partir de 2003, cuando la primera mayoría absoluta del PP. Eran días de vino y rosas, anteriores a las penurias que nos trajo la crisis. En el Ayuntamiento entraba dinero fresco gracias al 'boom' del ladrillo. Todo se concitaba para el derroche y esa victoria arrolladora en las urnas debió interpretarla alguien como un visado que daba derecho a todo. Seis nóminas como seis soles para asesorar. ¿En qué? ¿Qué habrá que asesorar en una empresa que gestiona el cementerio? Se trata de un 'nicho de mercado' -con perdón- que tiene la clientela asegurada pues en la colina contigua a la Alhambra nos veremos un día todos. Y más: un estudio sobre la gestión funeraria en el área metropolitana. Tan complicado debía ser su estudio que una década después todavía no está finalizado...

Como no sabemos sus nombres, no podemos preguntarles directamente a ellos. Dicen que dicen que dicen que si tal o que si cual, que alguno de ellos en realidad habita en la Costa, donde incluso desempeña un cargo público del PP, hablan de algún dilecto dirigente de la rama juvenil del partido al que también nos resulta difícil imaginar en el trance de ver ingresada su nómina mes tras mes desde su privilegiada situación laboral mientras -quizá- elaboraba sesudos informes y análisis sobre el problema del desempleo entre los jóvenes...
Quién sabe. A la espera estamos de conocer identidades, de quienes un día no lejano -y una vez que de presuntos pasen a contar con la correspondiente certificación judicial- habremos de pedir que devuelvan el dinero que injustamente apropiaron a la ciudad y sus ciudadanos en un ejemplo claro del sentido patrimonial que la política y los políticos tienen sobre los derechos que otorga un triunfo electoral.

Entretanto -y por desgracia- concluiremos confirmando que no le falta razón al portavoz del PP que, una vez desvelado el caso, replica apuntando a la licitud ética o estética de otros cargos de confianza pasados y presentes en instituciones gobernadas por el PSOE. ¿Deberemos llamar a estos seis del PP 'intrusos', por ligazón con otros casos sonoros? ¿O más bien 'fantasmas', ahora que está reciente la sentencia absolutorio del consejero Luciano Alonso? Así han sido las cosas que explican en este mundo de la política por qué surgió el fenómeno social de 'los indignados'. Y mientras evoluciona este episodio, a ver si alguien con conocimientos jurídicos nos explica al común de los mortales la sutil diferencia que ha llevado a la cárcel a Pedro Pacheco -va para tres años- entre su caso y el de tantos otros políticos en tantos otros partidos y tantas otras ciudades. ¿O es que todavía no ha prescrito aquella sonora expresión sobre la Justicia que dio relevancia nacional al otrora alcalde de Jerez?







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