Miércoles, 23 Agosto, 2017

            

Nieto (PP) cree que la causa contra ella debe “archivarse” porque “todo está correcto”

La edil ha señalado que los más de 30 funcionarios que trabajaron en el expediente "están convencidos" de que el procedimiento que se ha seguido es el "correcto" y ella "no tiene que dudar de eso".

Foto: Archivo GD
E.P


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La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), que ha sido citada a declarar este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación urbanística en el llamado ‘caso Serrallo’, ha defendido su actuación y ha considerado que la causa debe “archivarse” porque “no hay nada” penalmente relevante.

Nieto ha realizado estas declaraciones a los periodistas minutos antes de entrar a declarar en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La edil ha señalado que los más de 30 funcionarios que trabajaron en el expediente “están convencidos” de que el procedimiento que se ha seguido es el “correcto” y ella “no tiene que dudar de eso”.

“Es un expediente que empezó en 2005 y que todavía está vivo”, “no tienen sentido estas diligencias” porque han intervenido una gran cantidad de funcionarios en él y todos están “unánimemente de acuerdo en que todo está correcto”, ha defendido la edil.

Así, ha pedido “respeto y paciencia” alegando que el hecho de que “estamos en una campaña electoral no puede servir para criminalizar a nadie antes de la cuenta”.

Fue la Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza.

El Ministerio Público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.

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