Viernes, 26 Mayo, 2017

Municipios del PP no ejecutarán planes de empleo e inclusión si la Junta no adelanta el dinero

Los populares dicen que "la Junta invita pero que paguen los Ayuntamiento"



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La secretaria general del Partido Popular andaluz, Dolores López Gabarro, ha anunciado este lunes que los 265 ayuntamientos gobernados por su partido en la comunidad se adherirán pero “no ejecutarán” ni el Plan de Empleo Juvenil ni el decreto ley de Inclusión Social aprobados por la Junta de Andalucía hasta que la Administración regional no les abone por adelantado la financiación de sendos planes.

En rueda de prensa, la también alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva) ha explicado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha vuelto a poner en práctica con ambos planes la máxima de “la Junta invita pero que paguen los Ayuntamientos” y que los alcaldes del PP-A no van a consentir que se les “empuje a no pagar nóminas” ni a poner aún “más en riesgo” sus arcas municipales, por lo que no van a contratar a ninguna de las personas a las que están destinadas estas iniciativas hasta que la Junta “no anticipe los fondos” necesarios para ello.

López Gabarro ha considerado “muy grave” este asunto y ha acusado a la presidenta del Gobierno andaluz de “obligar” a los alcaldes a tener que decidir entre abonar las nóminas bien a su plantilla de trabajadores, bien a los jóvenes que se acojan al Plan de Empleo Juvenil, o bien a las personas en riesgo de exclusión social que se pueden ver beneficiadas del recién aprobado decreto ley de Inclusión Social, ya que carecen de fondos propios para hacer frente a estos contratos que, además, “se simultanearán” en el tiempo de aquí a final de año según lo previsto por la Junta en el desarrollo de los mismos.

“Exijo a la señora Díaz que deje de ningunear al municipalismo y que anticipe los fondos para poder llevar a cabo la realización y la ejecución de estos dos decretos”, ha reclamado la ‘número dos’ del PP-A tras expresar la voluntad de los ayuntamientos ‘populares’ por adherirse a estos planes pero con la garantía de que van a poder abonar las nóminas a todos y cada uno de los empleados. “Nosotros queremos acogernos y contratar, pero ¿a quién dejamos de pagar?”, se ha preguntado.

En su opinión, la presidenta de la Junta está “agravando con toda la intención” la difícil situación por la que ya pasan a diario las arcas municipales y se ha convertido “en la única presidenta de una comunidad autónoma de toda España que está obligando a sus ayuntamientos a dejar de pagar nóminas”, algo que, no obstante, no le sorprende porque, según ha argumentado, es “un fiel reflejo” de las políticas de Díaz, “vacías” de contenido y llenas de marketing y publicidad.

“La señora Díaz no sólo es una silla vacía, es también las arcas vacías de los ayuntamientos. Tenemos una presidenta vacía de leyes, de reformas, de gobierno, vacía de gestión y, lo más duro, vacía de la realidad social de esta maravillosa tierra”, ha sentenciado López Gabarro, quien ha calificado esta forma de gobernar de la presidenta de la Junta de “política de parasitismo”. “Nosotros estamos las 24 horas del día centrados en la gestión, otros las 24 horas en el marketing”, ha explicado para confrontar el modelo del PP-A y el del PSOE-A.

LA JUNTA JUEGA CON LAS ILUSIONES DE LOS ANDALUCES

Cuestionada sobre si esta decisión del PP-A de no ejecutar sendos planes podría provocar que los ciudadanos se vieran engañados por sus alcaldes por adherirse a los mismos y luego no hacer ninguna contratación hasta que la Junta no les dé los fondos para ello, López Gabarro ha negado que se pueda hacer tal interpretación al entender que la responsabilidad es de la Administración regional por “jugar con las necesidades e ilusiones de los andaluces”.

Así, ha insistido en que estas posibles “falsas expectativas” las crearía siempre la Junta que es la que ha tenido “la desfachatez y el descaro” de publicitar ambos planes de empleo “sin anticipar la financiación” a los ayuntamientos, “obligándolos” así a no poder contratar ni abonar las nóminas.

Ante ello, ha urgido a Díaz a que abone lo antes posible el dinero de estos planes a los Ayuntamientos tal y como hizo el año pasado con el anterior Plan contra la Exclusión Social aunque, eso sí, después de una “gran presión” y “una lucha unida de todos los alcaldes del PP-A” porque así ocurriera.

Pese a que la dirigente ‘popular’ ha descartado por el momento cualquier tipo de acción o movilización de los alcaldes, sí que ha reiterado que los 265 ayuntamientos del PP-A se negarán a ejecutar estos planes aunque sus tesorerías no estén en malas condiciones económicas, es decir, “independientemente” de su situación financiera. “Por conciencia moral”, ha explicado para advertir de que las arcas municipales llevan “años asumiendo y pagando” con el dinero de sus vecinos “competencias que son de la Junta” y de que “no pueden” seguir haciéndolo.

A la pregunta de si tiene constancia de que algún ayuntamiento gobernado por el PSOE-A tampoco vaya a ejecutar sendos planes hasta que la Junta no adelante su financiación, López Gabarro ha dicho que lo desconoce pero que “si Díaz ordena” lo harán aunque tengan que dejar de pagar otros servicios o no abonar nóminas porque “así entienden ellos la política”.

SIN RECLAMACIONES AL GOBIERNO CENTRAL

En este contexto, los periodistas también le han preguntado sobre si, de cara a las elecciones municipales de 2015, los ayuntamientos del PP-A han hecho algún tipo de reclamación o reivindicación al Gobierno central para que, desde el Estado, se abra un poco el grifo de la financiación hacia los municipios.

La ‘número dos’ del PP-A ha asegurado que no existe este tipo de reclamación porque es el Gobierno central precisamente quien está “ayudando” a las arcas locales con mecanismos como el Plan de Pago a Proveedores, gracias a los que se ha podido “garantizar la sostenibilidad” de muchos puestos de trabajo en los municipios.

“¿Cómo le vamos a requerir a alguien que me da dinero”, ha preguntado para insistir en que “el empleo que se ha creado” hasta la fecha en Andalucía ha sido “gracias” a las políticas del Ejecutivo central, que es quien ha “luchado” porque el Plan de Empleo Juvenil esté financiado en un 90 por ciento por la Unión Europea, ha apostillado.

 

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