Domingo, 9 de Diciembre de 2018

            

Municipios: a por los doscientos…

Imagen panorámica de Torrenueva | Archivo GD
Ramón Ramos


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A por los doscientos, que ya queda menos… Los doscientos, en este caso, son los municipios de la provincia, que no son esa cifra todavía pero que nos vamos acercando: 174 desde esta semana. Granada es la que más reúne de toda España pero ese liderato escasamente honorífico no nos satisface del todo, hay que consolidar ese maillot amarillo que lucimos y así en estos días hemos engrosado en dos esa medalla de oro, aunque su brillo sea dudoso.

Torrenueva y Fornes. Dos nuevos ayuntamientos, por aprobación de la Junta de Andalucía y el apoyo de la Diputación. Un guiño a la Andalucía que hace de ‘clá’ en los programas de Canal Sur, donde subliminalmente está la clave del porqué los socialistas se perpetúan en el poder. Torrenueva y Fornes, dos nuevos ayuntamientos, a pesar del informe en contra del Consejo Consultivo de Andalucía. Otra ventanita más en toda esta historia acerca de este entramado autonómico que crea carísimos organismos para que elaboren sesudos informes que -eso sí- no son vinculantes. Y, claro, el ciudadano escéptico tiene derecho a preguntarse entonces para qué se hacen esos informes y, más allá de esa pregunta sin respuesta, para qué sirven esos organismos.

El caso es que desde esta semana Torrenueva y Fornes son dos nuevos ayuntamientos en la provincia de Granada. Dos nuevas corporaciones para encarecer servicios, duplicar esfuerzos y segregar potencialidades. Una de las virtualidades de la crisis que nos atraviesa desde hace más de diez años era precisamente esta: racionalizar las administraciones. Era una oportunidad que entendió el Gobierno de Rajoy. La ley quedó muy bien en el papel. A la hora de aplicarla pasó lo de siempre: que los primeros interesados en que todo siga igual o, aun peor, que la Administración engorde son los aparatos de los partidos. Lo mismo paso en la Italia de Berlusconi, donde también se proclamó pero tampoco se hizo nada.

Dos ayuntamientos más y unos cuantos políticos más que ven cómo engorda su ego entre sus paisanos. Fiestas patronales, bandera, himno, banda… Torrenueva, entidad menor, anejo de Motril y en continuo crecimiento desde el boom del turismo en los años sesenta, cuando Almuñécar se constituyó como el eje en la Costa de Granada mientras Motril optaba por su desarrollo como centro administrativo de la comarca.

Mientras ya en aquellos años se recomendaba la integración mediante mancomunidades que abaratasen los servicios y así fue posible con Las Gabias o Los Guájares, mientras en los inicios de la autonomía se predicaban las bondades de la comarcalización, en los últimos años se experimenta con lo contrario, fruto de lo cual es este nacimiento de dos nuevos ayuntamientos, mientras la Junta -y no sé si guarda relación- huye del termino ‘provincial’ sin que se llegue a entender por qué y opta por ‘territorial’ pata designar oficialmente sus delegaciónes. Algo que choca con el respeto máximo que le tienen a las provincias a la hora de reflejar en los sucesivos gobiernos los equilibrios entre las ocho ejecutivas del PSOE en Andalucía.

Comentario lateral, dicho sea de paso, pero volvamos a la cuestión. Que no es otra que la aprobación por la Junta de dos nuevos ayuntamientos para Granada de un total de ocho para toda Andalucía que contraviene una ley vigente, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, aprobada en 2013 con el loable propósito de acabar con la fragmentación de los pueblos y ciudades españolas. La Junta se ampara en la irretroactividad de las leyes para tomar una decisión contraria a la ley, porque -aduce el Gobierno autonómico- los nuevos ayuntamientos iniciaron sus trámites antes de la entrada en vigor de la norma promulgada bajo el mandato de Mariano Rajoy. El argumento, en todo caso, ignora el dictamen del Consejo Consultivo, que aprecia ante todo el dato decisivo: ni Torrenueva ni Formes ni ninguno de los otros nuevos municipios no tienen una población superior a los 5.000 habitantes.

En fin, que por encima de las consideraciones jurídicas, estas segregaciones van contra el sentido común, que apunta a unas administraciones amplias que unifiquen servios e infraestructuras. Una decisión populista, pese al beneplácito con que sin duda habrá sido recibida por los líderes políticos locales y parte de su población. Esa misma que pronto apreciará el incremento de costes y burocracia.


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