Viernes, 20 enero, 2017

Más de una veintena de grafiteros han sido puestos a disposición judicial por atentar contra el patrimonio

Las pintadas en el transporte público o las fachadas de los edificios institucionales se consideran una infracción grave con sanciones que oscilan entre los 751 euros y los 1.500

FOTO: EUROPA PRESS/ARZOBISPADO
E.P.


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La Unidad Medioambiental de la Policía Local de Granada ha puesto a disposición judicial a más de una veintena de grafiteros por atentar contra el patrimonio en los dos últimos años, en el marco de las actuaciones llevadas a cabo para atajar la problemática de las pintadas en la ciudad.

La sección medioambiental, que también investiga los destrozos en el mobiliario urbano, está integrada por un oficial y once agentes que realizan sus rondas vestidos de paisanos, habitualmente en horario nocturno y en las zonas donde suelen actuar los autores de pintadas, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

Desde 2014 han sido identificadas cerca medio centenar de personas que fueron sorprendidas realizando pintadas, contra los que se abrieron diferentes procedimientos en función del lugar afectado; esto es, denuncias administrativas en solitario o acompañadas de procesos judiciales.

La ordenanza municipal de la convivencia es bastante restrictiva con las pintadas que se realizan en el transporte público o las fachadas de los edificios institucionales, lo que se considera una infracción grave con sanciones que oscilan entre los 751 euros y los 1.500.

No obstante, dañar un bien catalogado, como podría ser un Bien de Interés Cultural (BIC), está tipificado como una infracción muy grave multada con una sanción de entre 1.500 y 3.000 euros. Además, supone un delito, lo que lleva aparejado la puesta a disposición judicial del autor de la pintada.

La Policía Local realiza una labor investigadora de los diferentes grafitis que existen en la ciudad, a fin de localizar aquellos que tienen una grafía similar y que por tanto hayan sido realizados por la misma persona.

Esta base de datos cuenta en la actualidad con 178 registros fotográficos y a ella acuden los agentes cada vez que se identifica a un grafitero para averiguar si ha realizado otras pintadas con anterioridad que le puedan ser imputadas. Para ello, el cuerpo cuenta con un grafólogo que realiza las pruebas caligráficas oportunas sobre distintas muestras, de modo que la actuación sea admitida por un juez llegado el momento, lo que hasta ahora siempre se ha desarrollado con éxito.

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