Más de medio centenar de denuncias falsas en Granada en los primeros cinco meses del año

La Policía Nacional ha esclarecido en Granada durante los cinco primeros meses del año un total de 56 denuncias falsas, 52 de ellas en la capital y cuatro en la comisaría de Motril (Granada), un hecho que supone un ilícito penal de simulación y denuncia falsa llegando incluso a constituir una infracción por estafa si la finalidad era la de cobrar una indemnización del seguro.

Según han informado fuentes policiales, las investigaciones comienzan cuando se recepciona en comisaría una denuncia y, en el momento en que se inician las gestiones para identificar al presunto delincuente, los investigadores comienzan a reunir indicios acerca de la posible inverosimilitud de los hechos llegando a la conclusión de la presunta falsedad de lo denunciado.

Una vez que se llega a esta conclusión, la Policía imputa o detiene a los denunciantes por la acusación y denuncia falsa hecha en dependencias policiales y por simular haber sido víctima de un hecho delictivo que en realidad no ocurrió o que no fue como se hizo saber a la Policía.

De las denuncias presentadas destacan las que tienen relación con el hurto de terminales móviles como teléfonos, tablets u ordenadores portátiles, por haber sufrido un supuesto robo con intimidación así como las denuncias por haber sido víctima de amenazas y extorsiones y verse obligados a dar una cantidad de dinero a un presunto extorsionador.

En estos casos de falsedad, la Policía Nacional detiene a la persona denunciante y comunica el hecho a la autoridad judicial.

Estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional, además de un perjuicio para la sociedad y va en detrimento de las verdaderas víctimas de hechos delictivos así que, debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 200 a 1.000 euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.