Viernes, 18 Agosto, 2017

            

Más de 4.000 reclusos de las cárceles andaluzas reciben orientación jurídica gratuita financiada por la Junta

La Consejería destina 125.000 euros a sufragar esta prestación en las 13 prisiones de la comunidad autónoma durante 2016

Imagen ilustrativa
E.P.


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El servicio de orientación jurídica penitenciaria que financia la Consejería de Justicia e Interior ha atendido en 2016 a más de 4.000 reclusos en las 13 prisiones existentes en Andalucía, según el balance de una prestación que dispensan un total de 779 abogados en esta comunidad.

En este sentido, la Junta ha abonado ya el total de 125.373 euros correspondiente al año 2016 por la asistencia que ofrecen los profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma, cumpliendo así con el compromiso adquirido en el convenio firmado con el Ministerio del Interior y los letrados para este servicio, informa el propio Gobierno andaluz en una nota.

Gracias a esta prestación, la población reclusa cuenta con asesoramiento gratuito sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.

De esta asistencia se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.

La prestación forma parte de un convenio firmado en el año 2015 por la Junta con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces, con una vigencia de tres años prorrogables y una financiación de la Administración andaluza que se acercará en total a los 420.000 euros.

La financiación correspondiente se abona en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.

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