Miércoles, 18 enero, 2017

Mantienen petición de inhabilitación para el alcalde de Otura (PP) y su antecesor por prevaricación

En la primera sesión del juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, tanto Cabanillas como Fernández-Sanz defendieron la legalidad de la operación

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E.P


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La Fiscalía ha mantenido su petición de ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público para el actual alcalde de Otura (Granada), el ‘popular’ Pedro Cabanillas, y su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, por posible prevaricación administrativa en la compra de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.

En la primera sesión del juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, tanto Cabanillas como Fernández-Sanz defendieron la legalidad de la operación, por la que también se sientan en el banquillo de los acusados tres ediles de la anterior corporación, del Grupo Independiente de Otura (GIO), entre ellos el que fuera su portavoz, Eduardo Anguita, dos exediles del PP y la actual concejal María Dolores Dobaño.

La Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones manteniendo su petición de ochos años de inhabilitación para los ocho procesados, así como que entre todos hagan frente a la indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Otura de 129.807,91 euros, que es el resultante de la diferencia entre el valor del mercado del solar, y el precio final de adquisición (348.000 euros).

Por su parte, el PSOE, personado como acusación en el proceso, también ha mantenido su acusación inicial, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha centrado en las pruebas testificales que restaban por presentar, con la declaración del propietario del solar en cuestión; la perito que lo tasó por valor de 300.000 euros, la promotora y el asesor jurídico que asesoró al equipo de gobierno.

La operación, que se remonta al mes de septiembre de 2007, fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió de su cargo tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores, y que abandonó las filas del PP incorporándose a las de ‘Populares en Libertad’ (PPL), de cuya presidencia dimitió recientemente por motivos personales.

AMPLIACIÓN “NECESARIA”

Durante su comparecencia ante el Juzgado el pasado día 3, Fernández-Sanz dijo que en aquel momento era “necesaria” una ampliación del Ayuntamiento, que había sufrido una inundación que había dejado en condiciones precarias algunas de sus dependencias. Por eso inició conversaciones con el propietario de un solar contiguo que, en una primera reunión, le ofreció 188 metros cuadrados de suelo a 900.000 euros, lo que le pareció al alcalde una cantidad “desorbitada” que le llevó a desecharla.

Después, también negoció con una empresa que también poseía otro solar anexo, que, aunque en un principio reclamaba 420.000 euros, finalmente aceptó vender los 300 metros cuadrados de los que disponía a 300.000 euros (348.000 con impuestos), una propuesta que Fernández-Sanz consideró “razonable”, y por la que se inició el proceso de adquisición.

Sobre el asunto dictaron informes tres técnicos, el arquitecto técnico municipal, que tasó el terreno en unos 188.000 euros, la interventora, que alertó de que no existía consignación presupuestaria suficiente, y el secretario, que puso en cuestión el origen de los fondos que iban a ser empleados para la adquisición que, en su opinión, debían destinarse a patrimonio municipal de suelo.

Sobre el asunto de la tasación, el entonces alcalde indicó que se hizo atendiendo a una valoración “subjetiva” que no se correspondía con la realidad de entonces, cuando aún no había estallado la crisis inmobiliaria, y, en cuanto a los dos informes restantes, sostuvo que esos reparos fueron “subsanados”, con lo que la operación se llevó a pleno y se aprobó con los votos del equipo de gobierno y del GIO, con el que tenía acuerdos puntuales.

“Yo no me puedo poner de acuerdo para prevaricar con otras siete personas, es absurdo”, dijo en el Juzgado Fernández-Sanz, quien además incidió en que ya anteriores corporaciones, formadas por PSOE e IU, se intentó comprar un solar adyacente para la ampliación de la Casa Consistorial.

EL ACTUAL ALCALDE

El actual alcalde, entonces concejal de Economía, Pedro Cabanillas, relató que esa necesidad de ampliación, que aún no se ha llevado a cabo, sigue estando vigente, e indicó que, en su opinión, las obras no se han ejecutado porque las circunstancias económicas del Ayuntamiento de Otura, como las de tantos otros municipios, cambiaron a raíz de 2008, con la crisis económica. “En todo momento y actualmente considero que se estaba actuando legalmente”, mantuvo la pasada semana el regidor, quien además apuntó, en cuanto a los informes de los técnicos, que estos eran preceptivos pero no vinculantes.

En la misma línea se pronunciaron el resto de los ediles o exediles imputados, que consideraron “razonable” el precio de compra del solar y que no tuvieron nunca percepción de que estuvieran cometiendo un delito. Además, el que fuera protavoz del GIO, Eduardo Anguita, que llevaba de concejal en el Ayuntamiento desde 1986, reiteró que la ampliación del Ayuntamiento sigue siendo necesaria y que ya se trató con la corporación anterior al PP.

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