Lunes, 29 Mayo, 2017

Maeztu pide programas específicos para tratar la violencia de hijos a padres

Las sentencia se han disparado un 60 por ciento en cinco años



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El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, alerta de que el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por violencia filioparental ha aumentado un 60 por ciento cinco años en Andalucía, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que el 16 por ciento de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres.

Sobre este asunto ha querido llamar la atención el Defensor en su Informe del Menor de 2014, que este martes ha entregado al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y en el que dedica un capítulo a la violencia que los hijos ejercen sobre los padres, un problema que quiere “sacar del silencio”, ya que “se queda en el ámbito privado y no sale a la luz”, asegura.

El trabajo del Defensor del Menor ha estado marcado por la continuación de la crisis económica y sus consecuencias en el aumento de los casos de pobreza infantil y las situaciones de familias en riesgo de exclusión social.

Dicho informe recoge, además, que el Defensor del Menor ha atendido 2.889 quejas y consultas por la vulneración de los derechos de los menores durante 2014, principalmente relacionados con Educación y situaciones de riesgo social. De ellas, 2.042 fueron consultas y 847, quejas. De éstas últimas, 55 actuaciones fueron promovidas de oficio por la Institución.

Por materias, destacan en Educación continúa siendo la que aglutina el mayor número de quejas y consultas. Un total de 325 actuaciones por problemas de escolarización, donde ha sido llamativo la dificultad de muchas familias para tener en el mismo colegio a todos sus hijos, con el consiguiente perjuicio de conciliar la vida familiar y laboral.

Y, las 181 reclamaciones por carencias en la atención educativas a alumnos con necesidades educativas específicas, principalmente por la ausencia de profesionales, o por la prestación de servicios compensatorios, entre otros, los comedores escolares.

También han sido significativas las 168 intervenciones por las situaciones de riego social de menores, sobre todo, en barriadas más vulnerables, con casos de pobreza infantil y necesidad de vivienda urgentes.

Finalmente otros bloques de quejas y consultas han tenido que ver con denuncias por maltrato (99); 90 casos por desamparo; 76 de Servicios Sociales y Dependencia; 48 por necesidades de vivienda, con nueve casos de desahucios; 40 por la responsabilidad penal del menor y casi una veintena de quejas en materia de salud, principalmente por el déficit de pediatras en centros de salud que lo viven los padres afectados como un deterioro de la calidad asistencias de los menores.

En relación con las quejas por responsabilidad penal del menor, Maeztu ha defendido que “no importan tanto la cuantificación de las quejas” como que la Defensoría “sabía que había un problema que las familias viven en silencio y que no quieren hacer público”, de ahí que la actividad del Defensor del Menor en Andalucía “es mayor”.

Así, Maeztu explica que se distinguen tres tipos de violencia: violencia entre iguales –acoso escolar o ciberacoso–, violencia de género entre jóvenes, y violencia filioparental. Sobre esta última, y según datos del CGPJ, las resoluciones judiciales han pasado de las 302 en 2007 a 510 en 2013.

Maeztu señala que este incremento viene a ratificarlo la Fiscalía General del Estado a través de sus memorias anuales, que recogen cómo se ha pasado de 2.683 denuncias por violencia filioparental en 2008, a 4.936 casos en 2013, alcanzándose el año anterior un pico de 5.377 denuncias registradas. “Lo que se traduce en que el 16% de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres”, insiste el Defensor.

Asimismo, Maeztu especifica que los motivos que llevan a esta violencia de hijos a padres derivan de las adicciones de los hijos, de la permisividad o falta de límites de los padres o se deben a trastornos de conducta que “no se tratan bien en el colegio y en las familias y que generan problemas de salud mental”.

PRESENTE EN FAMILIAS DE TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

Por ello, Maeztu considera necesario actuar al primer indicio de violencia del menor, pues una intervención a tiempo puede mejorar la reconstrucción de la vida familiar afectada por el conflicto. En cuanto al origen de estos casos, el Defensor explica que la violencia filioparental está presente en familias de todos los niveles socioeconómicos y que hay un “repunte” de chicas maltratadoras.

De este modo, apuesta por tener “unos datos fiables de forma sistemática”, de modo que estos permitan planificar y preparar equipos, por lo que “impide incluir en las estadísticas oficiales los datos referentes al número de familias afectadas por la violencia filioparental”, así como establecer un modelo basado en la reinserción y la reeducación, “distinto al enfoque represor, y que tiene que ser tratado desde un punto de vista multidisciplinar”.

PIDE PROGRAMAS “ESPECÍFICOS” PARA TRATAR LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL

Igualmente, ve necesario programas “específicos” que “sean capaces de medidas de intervención para restituir las relaciones rotas entre padres e hijos, y permita el aprendizaje de técnicas entre los miembros de la familias para que puedan tener una disciplina coherente”, y elaborar técnicas formativa especializadas en violencia filioparental dirigida a todos los profesionales que pudieran intervenir con estas familias.

“Cuando hay un problema de pobreza o exclusión lo normal es acudir a los servicios sociales, pero, quién ha preparado a los profesionales sobre violencia filioparental”, se pregunta Maeztu, que aboga por una preparación “especializada” de los mismos. Al respecto, matiza que hay programas privados que “lo están acometiendo”, por lo que apuesta por “intercambiar esos programas para incorporar a lo público esas técnicas especializadas y preparar a los profesionales”.

Por último, Maeztu asegura que “la violencia de la sociedad se transmite antes a los menores que a los mayores, pero los menores tienen un campo de reeducación más grande”. “El Código Penal tiene su campo, pero no es la solución al problema de estos menores, ya que no puede cumplir la función para la que no está preparado”, concluye el Defensor de Menor, que asegura que “es posible con el diseño y la planificación de políticas nuevas”.

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