Lunes, 24 Julio, 2017

            

Los hoteleros andaluces plantan cara al negocio de alquiler de viviendas para uso turístico

Desde la Federación de Hostelería se critica esta "competencia desleal" en el sector mientras que la Junta de Andalucía ya ha anunciado medidas para regular esta actividad a partir de 2016 | En Granada se abrieron 77 expedientes de investigación en 2014, de los cuales 25 terminaron con sanción económica



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Lo que para unos es economía colaborativa, para otros es sencillamente competencia desleal. Así calificaron ayer los empresarios hoteleros de Granada la actividad de quienes alquilan apartamentos con fines turísticos y que, sin embargo, eluden la estricta regulación de un sector clave para la economía nacional, el turismo. Porque si los hoteles, hostales y demás alojamientos turísticos cumplen la normativa vigente y pagan impuestos por su actividad económica, el creciente negocio de alquiler de viviendas privadas para uso turístico se nutre de un vacío legal “que supone un problema muy serio para los empresarios”, según relata Trinitario Betoret, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y el Turismo de Granada.

COMPETIR EN “DESIGUALDAD DE CONDICIONES”

En el fondo, la controversia que denuncian los hoteleros es la misma que tienen los taxistas y las empresas de autobuses de larga distancia, por citar dos ejemplos: sectores tradicionales que de repente y gracias a Internet, se saltan al intermediario para poner en contacto a demandantes y ofertantes de servicios; es la base de BlaBlaCar, también la de UBER, dos empresas que se establecen como ‘plataforma’ de contacto, una para desplazamientos largos y otra, para distancias cortas. Y de ahí nace el conflicto que supone que un particular preste un servicio por el que los profesionales deben tener una licencia, pagar impuestos y atenerse a una regulación.

En el caso que nos ocupa, es el sector hotelero el que se enfrenta a un cambio de modelo en el que particulares ofrecen sus apartamentos para uso turístico, pero sin regirse con la legislación de turismo de cada comunidad autónoma, sino con la Ley de Arrendamiento Urbano -LAU-, una ley que no contempla las peculiaridades del sector servicios. “Queremos que jueguen con las mismas reglas”, pedía Trinitario Betoret en presencia de Ana Gámez, delegada de Turismo y Comercio de la Junta, quien junto con José Enrique Medina, diputado de Turismo y Gerardo Castilla, presidente de la Asociación de Hoteles de Granada, dieron cuenta de este asunto en una mesa de trabajo a la que también acudió el Ayuntamiento de Granada.

Actualmente la legislación contempla que hasta los 15 días de alojamiento en el apartamento sea la LAU la que regule la actividad; después de ese periodo, cada comunidad autónoma dispone de una normativa específica que en el caso de Andalucía y según adelantó ayer la delegada de Turismo, cambiará en 2016 de cara a regular la próxima temporada estival. Entre esos cambios estará la reducción a cinco días del tiempo por el cual un alquiler pasa de ser arrendamiento urbano a ser arrendamiento turístico.

Ese cambio legislativo será “consensuado con el sector”, según Gámez, para terminar con esa ‘alegalidad’, ese limbo legal en el que ahora se encuentran los pisos alquilados a turistas y que no están dentro de los llamados ‘establecimientos legalmente constituidos’.

REPERCUSIONES EN EL SECTOR

Para el presidente de los hoteleros granadinos, la situación es mucho más complicada de lo que parece desde un punto de vista externo: “tenemos una ocupación fantástica pero las empresas no son rentables”, y esto es así porque, según declara Castilla, el sector se ve obligado a bajar los precios, a bajar salarios y calidades que terminan por repercutir, no solo en la economía del sector, sino en la propia imagen que ofrece al cliente.

Ese es el escenario que plantean los profesionales de los alojamientos, que llegan a cifrar en hasta un 50% del total de plazas hoteleras, el número de camas que estarían operando al margen de la normativa turística.

Sin embargo, el impacto real de esta actividad en el sector turístico no ha venido acompañado de una actuación administrativa pareja, a la luz de los datos ofrecidos por la propia delegada de Turismo. En Granada, que cuenta con 15.000 plazas hoteleras, se abrieron en el año 2014 unos 77 expedientes administrativos, de los cuales 25 terminaron en sanción -que por lo general suele ser económica-. Este número de sanciones podría cambiar en fechas próximas de seguir adelante el cambio legislativo planteado desde la Junta de Andalucía.

ARGUMENTARIO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

La controversia en torno a estos negocios de alquiler no es nueva y ya desde 2011 se han venido abriendo expedientes sancionadores, aunque no ha sido hasta el año pasado cuando las organizaciones de empresarios del sector se han puesto a trabajar para exponer sus razones ante lo que consideran “competencia desleal”. Entre esas razones que esgrime la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se encuentran:

  • El control administrativo de los establecimientos hoteleros registrados.
  • El pago de impuestos por representar una actividad económica.
  • El cumplimiento de la normativa del Ministerio del Interior, que obliga a notificar la relación de viajeros que pernoctan cada noche.
  • El personal está legalmente contratado.
  • El control de las medidas de seguridad obligatorias.

La hoja de ruta de los empresarios hoteleros pasa por una reunión el próximo febrero, en la que se volverán a sentar con las administraciones y todos los actores relacionados con la hostelería, de cara a a dejar cerradas las actuaciones para la campaña de verano de 2016.

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